Derechos Humanos: luces y sombras
Por Juan Carlos Martínez
Desde que el ex presidente Raúl Alfonsín decidió someter a juicio a los comandantes del terrorismo de Estado pasando por Carlos Menem hasta llegar a Mauricio Macri, la causa de los derechos humanos en la Argentina ha transitado entre luces y sombras.
El primer intento del presidente radical para someter a los genocidas a juicio
consistió en dejar en manos de tribunales militares el juzgamiento de sus pares. Algo así como confiar al zorro el cuidado de las gallinas.
El fracaso de aquel intento obligó a Alfonsín a enviar las causas a los tribunales civiles y recién entonces la Argentina comenzó a transitar el camino de la verdadera Justicia.
El fallo del Tribunal marcó un hito histórico ponderado por todo el mundo, aunque dos años después, bajo la amenazante presión militar, Alfonsín cedió a las exigencias de impunidad a través de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La llegada de Carlos Menem al poder avanzó sobre la impunidad. Su primer gesto para borrar de la memoria colectiva las atrocidades cometidas por el Estado terrorista consistió en sacar a los militares de los cuarteles para hacerlos desfilar por las calles de Buenos Aires.
La audacia del nuevo presidente pudo más que el desprestigio alcanzado por las fuerzas armadas por las atrocidades cometidas durante la dictadura y la posterior derrota en la aventura de Malvinas.
La falaz idea de la reconciliación tras el indulto a los genocidas tomaba formas concretas por boca del hombre que había sostenido públicamente que “el único punto final para los asesinos es la cárcel”.
Aquel juicio lo había dirigido Menem a modo de crítica a las leyes sancionadas por el Congreso y que en la práctica abrían el camino a la impunidad de quienes habían cometido los más aberrantes delitos.
El comentario que Menem había publicado en el diario La Razón parecía el alegato de un acérrimo defensor de los derechos humanos que, con sólidos fundamentos, destrozaba punto por punto aquellas leyes.
Sin embargo, el tiempo demostró que se trataba de una postura meramente oportunista.
El juicio a las juntas militares había colocado a la Argentina en un primer plano en el campo de los Derechos Humanos, sobre todo por el valor pedagógico que alcanzaron las investigaciones de la CONADEP y las revelaciones que aportaron los sobrevivientes de aquella orgía de sangre, fundamentales para que el tribunal calificara de plan criminal lo cometido por las fuerzas armadas a partir del 24 de marzo de 1976.
El desfile militar del 9 de julio de 1989 marcó el comienzo del derrotero hacia la impunidad de los militares y sus cómplices civiles y eclesiásticos que luego completó el mismo Menem con el indulto a los comandantes del genocidio.
Hasta la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, la Argentina vivió más cerca de la impunidad que de la justicia con cientos y cientos de asesinos, torturadores y apropiadores de niños en libertad.
El olvido avanzaba sobre la memoria.
Empero, la resistencia de los organismos de Derechos Humanos y su compromiso en favor de Memoria, Verdad y Justicia fue decisivo para que el nuevo gobierno impulsara una ley que el Congreso votó para reabrir el camino a los juicios contra los responsables de cometer delitos de lesa humanidad.
En ese nuevo contexto, por los tribunales de todo el país volvieron a desfilar militares, policías y civiles implicados en aquellos delitos y la Argentina recuperó el terreno que había perdido en el campo de los derechos humanos.
MACRI SIN MAQUILLAJE
Al contrario de lo que había anticipado Menem en la materia, Mauricio Macri no se anduvo con vueltas y fue directo al grano cuando anunció que se iba a terminar “el curro de los derechos humanos”.
Sabía que una buena parte de la sociedad argentina coincidía con su irracional planteo y que atacando a la causa de los Derechos Humanos tenía asegurado un importante caudal de votos de los sectores partidarios de la mano dura.
El desfile militar del 9 de julio de 2016 en celebración del Día de la Independencia en un país que se internaba en la dependencia confirmó que los dichos de Macri no eran una simple promesa de campaña.
La presencia del golpista Aldo Rico junto a la reaparición de los Ford Falcon por las calles de Buenos Aires fueron algo más que un indicio de lo que el nuevo presidente estaba pergeñando.
El perfil ideológico del presidente, de los miembros de su gabinete y de otros funcionarios de alto rango confirmaba lo que ya había anticipado la gobernadora María Eugenia Vidal cuando dijo que el futuro sería el pasado.
En poco más de dos años de gobierno, el retroceso en materia de derechos humanos ha sido incesante y las semejanzas con los métodos aplicados por la dictadura nos acercan día a día a ese ominoso pasado.
La política económica de Cambiemos no difiere en absoluto con la que aplicó la dictadura a sangre y fuego de la mano de José Martínez de Hoz. El llamado protocolo de seguridad fue creado justamente para reprimir las previsibles protestas sociales en una escalada que ha ido en aumento a espaldas de la Constitución y poniendo en riesgo cierto el estado de derecho.
Las arbitrarias detenciones de ciudadanos y ciudadanas sin intervención de jueces y la criminal e indiscriminada aplicación del gatillo fácil ha invertido el principio de presunción de inocencia para convertirlo en presunción de culpabilidad. Una forma para nada sutil de aplicar la pena de muerte.
El fantasma de la dictadura vuelve a asomar en el horizonte con la ayuda de jueces nostálgicos de los años de plomo en un contexto político construido por la derecha con el sello democrático de las urnas pero totalmente desvirtuado en el ejercicio del poder.
La prisión domiciliaria y la liberación de decenas de genocidas condenados es la contracara de Memoria, Verdad y Justicia. Está a tono con el objetivo oficial de imponer el olvido, la mentira y la injusticia no sólo para favorecer a asesinos y torturadores sino como mecanismo que aplica el gobierno en defensa propia.
Es que de Macri para abajo los lazos tejidos con la dictadura son marcas indelebles que el gobierno está empeñado en borrar.
Al paulatino vaciamiento de todo lo que ligue al Estado con los derechos humanos se han ido sumando otros atropellos como el vallado en torno de la Plaza de Mayo, la desaparición de los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas pintados sobre las baldosas del histórico lugar y la incesante manipulación de la verdad histórica impulsada por el gobierno a través de los grandes medios de difusión.
La liberación de decenas y decenas de genocidas bajo la fachada de prisiones domiciliarias forma parte de un objetivo mayor que tiene a la Iglesia Católica en primera fila y que apunta a la llamada reconciliación.
Si se cumpliera aquella sentencia que nos advierte que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, la Argentina correrá el riesgo cierto de volver a los peores años de su historia.
A 42 años del comienzo de aquella orgía de sangre, es un deber de quienes queremos vivir en una sociedad libre, democrática y civilizada repetir aquella sentencia resumida en dos palabras. ¡NUNCA MÁS!