Chancho limpio nunca engorda
Por Juan Carlos Martínez
Es un lugar común pero no hay mejor manera de explicar el escenario en el que estamos inmersos los argentinos que repetir aquella definición que nos dice que en determinadas circunstancias la realidad suele superar a la ficción.
Es que ni el más ingenioso creador de ficciones podría superar las acciones de los principales protagonistas de la realidad argentina, comenzando por el presidente Mauricio Macri.
En verdad, a medida que la realidad nos hunde más y más en un callejón sin salida, el gobierno nos describe un mundo de fantasías capaz de convertir al infierno en un paraíso.
Increíble pero cierto.
Mientras van apareciendo pruebas irrefutables de la corrupción que envuelve al presidente, a miembros de su familia y a varios de sus principales colaboradores, nos enteramos por el diario La Nación que “la comisión de especialistas creada por Mauricio Macri para reformar el Código Penal prepara un proyecto que aumentará las penas para los responsables de delitos de corrupción”.
Según la información que el diario recogió de un vocero de dicha comisión, “la idea es responder a los intereses de la sociedad para recuperar los activos del Estado y facilitar la sanción de los responsables con penas de efectivo cumplimiento”.
A estas alturas hay que repetir, al menos para algún lector despistado, que no estamos transcribiendo el texto de una ficción sino lo sustancial de una iniciativa del mismo gobierno que figura entre los más corruptos de nuestra historia.
La Nación continúa: “Ayer, en una entrevista con Luis Majul, Macri dijo que estaba indignado" por el fallo judicial que liberó al empresario Cristóbal López, quien "se quedó con los impuestos" que debía entregarle al Estado y que la suya fue una "acción delictiva absoluta".
Otra novedad que se incluye en el proyecto oficial “prevé cambios en la redacción de algunos delitos como la modificación del enriquecimiento ilícito, para que abarque también el enriquecimiento del funcionario público entre la fecha de la elección popular y la de la toma de posesión del cargo, y que una vez dejada la función pública abarque los seis años posteriores (hoy son dos)”.
También –agrega La Nación- “se ampliarían los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo, los dirigentes de obras sociales”.
Que Macri impulse un proyecto como el que acabamos de resumir es algo así como encargarle al chancho la limpieza del chiquero.
Chancho limpio nunca engorda.