El fantasma de la Triple A
Por Juan Carlos Martínez
El día que Macri recibió al policía Luis Chocobar como un héroe, por la memoria de muchos argentinos se cruzó el recuerdo de los peores momentos vividos en este país.
Esa sensación de horror se repitió a medida que altos funcionarios de gobierno fueron sumándose a la apología del crimen que se hizo desde lo más alto del poder político.
Cuando el presidente recibió en audiencia y felicitó al policía que mató por la espalda a un asaltante, el grave suceso ya estaba en manos de un juez.
Se repetía, así, una nueva intromisión del poder político en otro poder del Estado.
El magistrado había procesado y embargado al policía al considerar que Chocobar “actuó alejado de una actitud profesional” cuando remató de un disparo por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años.
Posteriormente, los tres jueces de la Sala VI de la Cámara del Crimen confirmaron el procesamiento del policía “por homicidio agravado con arma de fuego cometido en exceso en el cumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Conocido el pronunciamiento de los camaristas, la ministra Patricia Bullrich lanzó una frase estremecedora: “El policía hizo lo que tenía que hacer”.
Repetía el mismo argumento empleado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Casi al mismo tiempo, el presidente se mantuvo en una línea que transita entre la ignorancia y el total desprecio por al estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos. “No entiendo cómo los jueces dicen que se excedió”-
Tanto lo que dijo Bullrich como lo que agregó Macri constituyen apologías del crimen, argumentos propios de quienes carecen de racionalidad jurídica, política y humana y que en cualquier país civilizado serían suficientes pruebas para someter a juicio a sus autores, mucho más tratándose de funcionarios públicos.
Defender la aplicación del gatillo fácil a la luz de lo que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos y garantías es una manera de alentar la aplicación de la pena de muerte.
El camino escogido por el oficialismo nos trae a la memoria los años previos al golpe del 24 de marzo de 1976, cuando desde el propio gobierno de Isabel el brujo López Rega armó la Triple A, encargada de hacer el trabajo sucio que los militares continuaron tras la toma del poder político para consumar el genocidio de treinta mil personas.
El clima que el gobierno de Macri está creando al darle a la Policía y a otras fuerzas de seguridad un cheque en blanco para hacer justicia por mano propia no es otra cosa que legalizar de oficio la pena de muerte.
Sería algo así como cambiar la capucha de los asesinos de la Triple A por agentes estatales vestidos de uniforme.
Quienes hemos vivido de cerca los tiempos más oscuros del pasado reciente tenemos la obligación de advertir los peligros que afronta la sociedad argentina en un contexto creado por los apóstoles de la muerte.