Los generales de toga
Por Juan Carlos Martínez
La derecha siempre encuentra los caminos para apropiarse y mantenerse en el poder. Durante mucho tiempo, particularmente en este continente, fueron los militares los que hicieron el trabajo sucio para derribar gobiernos populares y acabar con el estado de derecho y con derechos elementales de los trabajadores y de los sectores marginados.
La crueldad de la metodología utilizada fue la misma: anulación de las libertades individuales y colectivas, imposición de un modelo económico neoliberal, clausura del sistema legislativo, intervención de los sindicatos, persecución a disidentes políticos y sociales, cercenamiento de la libertad de expresión, brutal represión a quienes se oponían a las sangrientas dictaduras, etc., etc.
La desaparición forzada de personas -como ocurrió en la Argentina- y su confinamiento en campos de concentración donde reinaron la tortura, la muerte y el robo de niños, fue la etapa final del genocidio ejecutado por las fuerzas armadas en complicidad con sectores civiles.
Hay que sumar- y no es un dato menor- el endeudamiento del país y la destrucción del tejido social.
Desde hace un tiempo a esta parte, el sistema ha modificado las formas para acceder al poder, aunque el fondo se mantiene invariable.
Ya no son las fuerzas armadas las que salen a las calles con sus tanques y cañones para tomar el poder político e imponer las recetas económicas neoliberales a sangre y fuego.
Ahora estos generales no habitan en los cuarteles ni visten uniforme con charreteras de oro o plata ni calzan el sable y la nueve milímetros. Los generales de este tiempo se refugian en los tribunales, visten de traje y corbata y lucen toga.
Sus sentencias son inapelables. Aún las que dictan al margen de la Constitución, la ley y los tratados internacionales.
En la Argentina existen dos centros de operaciones. Uno se localiza en el edificio de la calle Talcahuano, asiento de la Corte Suprema, donde los generales de toga trazan la estrategia, controlan su cumplimiento y aprueban o desaprueban lo que los cuadros menores ejecutan desde Comodoro Py.
El novedoso sistema, que avanza camino a su globalización, se está aplicando en Brasil donde los generales de toga acaban de confirmar y ampliar -sin pruebas, claro está-, la prisión dictada contra el ex presidente Lula, cuya candidatura a la presidencia tratan de impedir en nombre de la lucha contra la corrupción mientras hacen la vista gorda en el caso del corrupto presidente en ejercicio.
En la Argentina -gobernada por otro presidente corrupto- el nuevo sistema, como ocurre en Brasil, está siendo fuertemente resistido por amplios sectores de la sociedad.
Una sociedad que, afortunadamente, no ha perdido la memoria a pesar del virus de amnesia que el gobierno trata de inyectarle a través de la desinformación cotidiana que nos ofrecen los grandes medios de comunicación.
Cuando el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, dice públicamente que desea que el gobierno de Cambiemos se vaya cuanto antes, no está alentando un golpe de Estado ni cosa que se le parezca.
Está expresando la voluntad de millones de argentinos que viven y sufren un gobierno que en nombre de la legalidad que le dieron las urnas aplica métodos absolutamente reñidos con el sistema democrático.
¿No es lícito advertir que por el camino escogido por el gobierno el país está ingresando en una zona de altísimo peligro?
¿Tienen conciencia del costo en vidas y bienes que debió pagar la Argentina para recuperar el sistema democrático?
Pedir que se vayan cuanto antes -como ocurrió en 2001- no es otra cosa que dejar de vivir bajo la ley de la selva, volver a la racionalidad jurídica, ética y humana, al pleno ejercicio democrático y acabar de una vez por todas con este nuevo intento fascista que nos están imponiendo con los generales de toga en la primera línea de fuego.