Semejanzas
Por Juan Carlos Martínez / Foto: Pablo Piovano
Desde las primeras medidas antidemocráticas tomadas por Mauricio Macri a poco de asumir el gobierno de Cambiemos, en esta columna advertimos que todo indicaba que estábamos frente a la continuación de la dictadura por otros medios.
No dijimos ni lo decimos ahora que la Argentina está sometida a una dictadura sino que la similitud de sus políticas, en no pocos casos, son iguales o se parecen mucho a las que se aplicaron a partir del 24 de marzo de 1976.
El ejemplo más elocuente es la similitud del plan económico vigente con el que aplicó Martínez de Hoz.
La dictadura pudo imponerlo a sangre y fuego, es decir, con una salvaje represión al costo de 30.000 desaparecidos, la intervención a los sindicatos, la anulación de las libertades públicas, el reemplazo de los jueces de toga por los jueces de capucha y las restantes atrocidades que todo el mundo conoce.
En la Argentina actual no hay grupos de tareas para secuestrar personas ni campos de concentración para confinarlas, tampoco existe un plan sistemático para robar niños ni periodistas asesinados por denunciar al terrorismo de Estado y defender la libertad de expresión.
Eso está claro. Pero hay muchas cosas que oscurecen el sistema democrático y erosionan el estado de derecho. Dos de ellas son emblemáticas.
Una, la detención ilegal y el interminable calvario de Milagro Sala, sometida a un trato inhumano de parte de dos poderes del Estado que actúan al margen de la Constitución y de los tratados internacionales: el poder político y el poder judicial.
La privación de la libertad de Milagro se produjo en el marco del llamado protocolo de seguridad, el método represivo que pergeñó el gobierno de Cambiemos para reprimir toda manifestación de protesta o resistencia a sus políticas económicas.
El otro caso es la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, uno de los organismos de seguridad que actuó bajo órdenes directas del ministerio de Seguridad y en presencia de su jefe de gabinete.
Por lo tanto, es el Estado el único y exclusivo responsable de la desaparición forzada de Maldonado por más que desde el presidente para abajo lo nieguen pese a las pruebas y testimonios recogidos.
Sumemos al caso Maldonado el asesinato del mapuche Rafael Nahuel, muerto de un disparo por la espalda ejecutado por un prefecto, es decir, por el Estado.
La pérdida de libertades y la desaparición de treinta mil personas no se dio de un solo golpe. En uno y en otro caso hubo un punto de partida. Es decir, un primer paso.
Como dice un proverbio chino, para dar dos millones de pasos hay que dar el primero.
Lo grave, lo peligroso y lo preocupante es que el gobierno de Macri ya ha dado más de un paso en dirección contraria a la reafirmación democrática.
Las recientes detenciones ordenadas por el juez Claudio Bonadío, incluida la de la ex presidenta Cristina Kirchner, colocan al país a un paso del derrumbe institucional.
Lo que hemos visto en la jornada de hoy en el Congreso de la Nación y sus alrededores no tiene antecedentes en períodos democráticos. La presencia de policías y gendarmes con sus armas y otros instrumentos para reprimir al pueblo parecía una escena filmada en tiempos de la dictadura.
Mientras la televisión nos mostraba imágenes propias de una ciudad militarmente ocupada, en el interior del Congreso los diputados oficialistas libraban otra batalla contra el nuevo enemigo interno: los trabajadores y los jubilados.
Con la elección de los sectores más débiles como variable de ajuste, el gobierno de Cambiemos se pone de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional y avanza hacia una suerte de genocidio social.
La historia que hemos vivido los argentinos en tiempos no muy lejanos nos obliga a advertir sobre lo que puede ocurrir si las semejanzas entre dictadura y democracia – como las que hemos observado en la jornada de hoy- se repiten en un país que aún no ha cerrado las heridas abiertas por el terrorismo de Estado.