Después de la condena a Rogers: ¿Presunción de inocencia o certeza de impunidad?
Por Juan Carlos Martínez / Foto: El Diario de La Pampa
La repetición de algunos capítulos de lo peor de la historia pampeana son reveladores del estado de descomposición al que ha llegado la conducción política del partido que gobierna esta provincia desde diciembre de 1983.
Que tres intendentes del mismo partido –dos de ellos con condenas en primera instancia y un ministro también condenado por abuso de autoridad- continúen en funciones a la espera del fallo confirmatorio, está dentro de la lógica legal.
Eso es tan cierto como que si se aplicara el tan ausente principio ético lo menos que debería reclamarse a los involucrados sería un pedido de licencia a la espera del fallo definitivo.
Pero, claro, suele ocurrir muy a menudo que lo legal y lo legítimo transiten por caminos distintos y distantes.
En el caso del intendente Rogers, condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, Rubén Marín, su líder político, acaba de asumir el papel de abogado del diablo.
-“Pero hay una condena y es la primera vez que se condena a un intendente en actividad por un delito de trata” deslizó un periodista.
-“Yo creo que estás prejuzgando. Si uno lee la prensa ya está condenado. No sé si será apelable o no. Pero no está firme. Lo otro es prejuzgar y yo no soy quién para prejuzgar” respondió el padrino político de Rogers.
Otro intendente condenado en ejercicio de sus funciones fue David Bravo, ex jefe comunal de 25 de Mayo, también involucrado en la trata. El ahijado político de Carlos Verna zafó de ir a prisión y, como en el caso de los otros involucrados en tan aberrantes delitos, nunca recibió siquiera una tibia reprimenda de los líderes políticos del PJ, al menos para guardar las formas.
Hay que sumar un tercer intendente en esta galería de personajes ligados a la trata: Jorge Cabak, de Macachín, involucrado en esta infame actividad.
Cuando Marín defiende el sabio principio que establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, omite recordar que en tiempos de la dictadura muchos hombres y mujeres de La Pampa fueron condenados sin juicio y mucho menos sin derecho a la defensa.
Y no por jueces de toga sino por jueces de capucha y picana.
Tampoco dice que aquellas víctimas cayeron en las redes de la cacería humana porque hubo conocidos y protegidos buchones que pusieron en manos de los militares listas de “zurdos” y “trapos rojos”.
El mismo Marín que hoy nos aconseja evitar el prejuzgamiento de Rogers fue el principal responsable de impedir que Juan Carlos Tierno fuera sometido a juicio por haber golpeado y torturado a una mujer siendo asesor letrado de su gobierno.
El operativo de ocultamiento llevado a cabo por su gobierno significó poner en marcha el repetido principio de inocencia pero sin mandar al banquillo al responsable de un delito que en su momento fue calificado como un hecho criminoso.
Tierno, Rogers, Cabak y Bravo son, entre muchos otros, beneficiarios de un principio que nada tiene que ver con la presunción de inocencia sino con la certeza de impunidad.
(Se recomienda leer en la próxima edición de Lumbre un artículo escrito por Gaby Bonavitta acerca de la trata en La Pampa)