Después de Tierno, ¿quién pagará los daños?
Por Juan Carlos Martínez
Noviembre de 1984-Junio de 2017. Han pasado treinta y tres años. El tiempo que la impunidad ha acompañado a Juan Carlos Tierno desde que golpeó y torturó a una joven en Santa Rosa.
Por aquellos días el agresor era asesor letrado del gobierno encabezado por Rubén Marín. En el gabinete del gobierno post dictadura Carlos Verna era ministro de Obras Públicas.
La joven golpeada por Tierno permaneció doce días internada en el sanatorio Santa Rosa.
Mientras la oposición legislativa pedía informes sobre el grave suceso, el gobierno inició un operativo para ocultar el caso calificado como un hecho criminoso.
La única funcionaria que se negó a participar en el operativo fue la abogada Delia Gette, que entonces era jefa de la víctima en un organismo del Estado.
Las pruebas reunidas, tanto en el sanatorio como en dependencias policiales, desaparecieron.
El policía que le tomó declaración a la víctima fue castigado de inmediato con su confinamiento en un lejano paraje pampeano.
Lo mismo había ocurrido con la denuncia que antes había hecho la primera esposa de Tierno, quien para liberarse de las palizas que su marido le propinaba delante de sus pequeños hijos debió escapar de Santa Rosa una madrugada por caminos alternativos.
Tierno continuó ligado a los poderes políticos de turno –siempre manejados por el justicialismo- y así es como apareció en el Banco de La Pampa representado al Estado provincial.
En febrero de 2002, el mensuario Lumbre reveló que Tierno se había enriquecido ilegalmente siendo director de la entidad bancaria.
Un mes después en el mismo medio se publicó la maniobra que había consumado para quedarse con 1.250 hectáreas del campo de un productor agropecuario que no podía cumplir con el pago de un crédito otorgado por el mismo banco.
Tierno manejaba la cartera de morosos y aprovechando la información que tenía, le compró esa fracción del campo a Héctor Sánchez, cuya propiedad rural –oh casualidad- lindaba con uno de los campos del comprador.
Las publicaciones indujeron al impune Tierno a demandar penalmente a los periodistas de Lumbre, pero en 2005 un fallo de la jueza Verónica Fantini absolvió a los demandados.
Tiempo después, Tierno inició una demanda contra el mismo medio, esta vez en el fuero civil, reclamando resarcimiento económico por el supuesto daño que le ocasionaron los montajes fotográficos y las caricaturas con las que Lumbre lo presentaba ante sus lectores.
Las dos causas llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ambas le fueron adversas.
En 2003, durante su primer mandato, Carlos Verna convocó a Tierno para que integrara su gabinete como Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad.
Tres años después (2006) debió despedirlo por el notable incremento de los apremios ilegales a los que eran sometidos los presos en las comisarías pampeanas.
Verna, como es su inveterada costumbre, le mandó a Tierno ese mensaje por boca del entonces secretario de Derechos Humanos y de esa manera evitó que el costo político fuera mayor.
Sin embargo, en 2007, el PJ presentó a Tierno como su mejor candidato para ocupar la jefatura del municipio de Santa Rosa en las elecciones de ese año.
Tierno obtuvo más de veinte mil votos y de esa manera fue elegido intendente de la capital pampeana.
Los continuos desaguisados que hizo Tierno desde el momento en que asumió obligaron al gobierno a intervenir el municipio y de esa manera la gestión del golpeador de mujeres apenas duró ochenta y siete tensos días.
La eyección de Tierno fue básicamente motorizada por las masivas manifestaciones populares que se concentraban frente a la municipalidad y recorrían las calles céntricas de la ciudad.
Tierno fue denunciado por abuso de autoridad y en diciembre de 2014 recibió en primera instancia una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El denso prontuario acumulado por Tierno no fue obstáculo para que Verna volviera a incorporarlo a su gabinete y pusiera en sus duras y largas manos el nuevo Ministerio de Seguridad.
Es cierto que para que la condena quede firme deben cumplirse otros pasos legales, tan cierto como que si se hubiese aplicado la tan depreciada Ley de Ética Pública se habiesen evitado muchas de las tropelías cometidas por Tierno.
¿Le importa a Verna que le hablen de ética?
La respuesta la acaba de dar el mismísimo gobernador al decir que su decisión política es mantener a Tierno en el gabinete “porque es un buen ministro”.
Lo hemos dicho antes: No se trata de acuerdos políticos si no de pactos mafiosos.
Hablar de los abusos cometidos por la policía desde que Tierno volvió a manejar la seguridad pública sería redundante, pero lo que no puede omitirse es la altísima responsabilidad que tienen Carlos Verna y el Partido Justicialista en los enormes daños que un psicópata con poder ha cometido durante más de treinta años. Daños en los que debe incluirse el asesinato del cazador de liebres Santiago Garialdi.
Después de Tierno, ¿quién pagará los cuantiosos daños provocados por las atrocidades políticas, jurídicas y humanas cometidas por un hombre calificado como “violento y autoritario” como dice el fallo que acaba de dictar el Tribunal de Impugnación Penal?