Justicia civil que se parece a la militar
Por Juan Carlos Martínez
Cuando Raúl Alfonsín decidió hacer juicio a los comandantes del genocidio elevó la causa a los tribunales militares.
Que era como poner en manos de los criminales la investigación de sus propios crímenes.
La inacción de aquellos "jueces" fue la mejor respuesta que recibió el presidente de la democracia para darse cuenta que entre bueyes no hay cornada.
Fue así que la causa quedó en manos de los jueces que integraban entonces la Cámara del Crimen: Carlos Arslanián (presidente), Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Ricardo Gil Lavedra.
El juicio a las juntas fue un hito en el camino iniciado por la Argentina para recuperar su condición de país civilizado en el marco de la Libertad, la Justicia y los Derechos Humanos.
Las sentencias del tribunal civil fue el primer paso hacia tan caros objetivos y si bien el monto de las condenas no estuvo a la altura de los delitos cometidos por los imputados, lo más trascendente del juicio fue su valor pedagógico.
Trascendente porque el mundo entero confirmó que en la Argentina hubo un plan criminal, tal como expresó el histórico fallo y como lo venían denunciando las Madres de sus hijos desparecidos y las Abuelas de sus nietos robados.
Antes de retirarse a los cuarteles, los militares intentaron borrar las huellas de sus crímenes con una burda auto amnistía y luego con amenazas de golpes como el de los carapintadas.
Dos años después del juicio a las Juntas, el gobierno de Alfonsín cedió ante las presiones y mandó al Congreso dos proyectos que se convirtieron en sendas leyes: la del Punto Final y la de Obediencia Debida.
Dos aberraciones jurídicas a las que luego se sumó el indulto dictado por Carlos Menem.
En 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Parlamento anuló aquellas leyes y de esa manera los juicios por delitos de lesa humanidad se reanudaron en todo el país, siempre impulsados por los organismos de Derechos Humanos.
Los mismos que hoy, a más de cuarenta años del comienzo de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, permanecen de pie para resistir la nueva ofensiva de los sectores más reaccionarios del país con el gobierno de Cambiemos a la cabeza.
La estrategia de la derecha ya no está puesta en los cuarteles ni en los tribunales militares: ahora son los jueces civiles que sin abandonar la toga actúan con el mismo espíritu de cuerpo de los que lucen gorra y charreteras y siempre tienen a mano la 45 para casos de emergencia.
Esa es la imagen que nos ofrecen los supremos que acaban de legalizar la tan apetecida impunidad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, ahora favorecidos por el arcaico beneficio del dos por uno que acaban de exhumar tres de los cinco miembros de una Corte Suprema hecha a la medida de la derecha que gobierna este país.
Si no se omite que los cinco miembros del más alto tribunal de la República no discrepan en cuestiones de fondo vinculadas a los Derechos Humanos, la conclusión es que la justicia civil cada día se parece más a la militar.