No era una isla
Por Juan Carlos Martínez / Foto: Anabela Abram
El mito de que La Pampa fue una isla durante la dictadura militar se ha ido desvaneciendo poco a poco hasta convertirse en una de las tantas mentiras oficiales.
Semejante falacia fue impulsada por los mismos que fueron cómplices del terrorismo de Estado. Unos por acción, otros por omisión.
Si pudo llegarse a la verdad de lo ocurrido en los años de plomo fue porque hubo personas que bregaron para desentrañar ese pasado de horror que ellas mismas lo habían sufrido en carne propia.
Aunque al ofrecer algunos nombres de esos testimonios corremos el riesgo de omitir otros que tuvieron el mismo valor, hay que destacar como símbolos de esas acciones a Marcelino Acosta, Juan Carlos Pumilla y Raquel Barabaschi.
No fue fácil para ellos transitar el camino del olvido construido por un poder político que tuvo en sus entrañas a delatores de sus propios compañeros y vecinos, que ocultó y borró pruebas para convencer a todo el mundo que La Pampa fue una isla o el paraíso en medio del infierno.
Hubo, además, sectores civiles y eclesiásticos que formaron parte de la maquinaruia represiva, entre ellos los méicos que regulaban las torturas y los curas que bendecían a los torturadores.
Uno de los principales nexos entre ese poder y los militares llegó a ocupar una banca de diputado en el Congreso de la Nación y presidió el Partido Justicialista. Y algo más todavía: fue padrino político del cuatro veces gobernador Rubén Marín y luego de Carlos Verna, cuya campaña para dirigir los destinos de la provincia lo tuvo en primera fila.
A pesar de esos antecedentes, nunca fue cuestionado ni repudiado y mucho menos expulsado del PJ por semejante miseria humana y todavía hoy sigue ligado a ambos dirigentes y se lo reverencia como si se tratara de un héroe.
Estamos hablando de Carlos Aragonés, un detalator que en plena dictadura recibió una jubilación de privilegio que hasta hoy sigue cobrando en dólares, y cuyos vínculos con el fallecido genocida Ramón Camps son de público conocimiento.
Uno de los testimonios más sólidos partió de Miyi Regazzol, la hija del fallecido ex gobernador justicialista Aquiles Regazzoli, quien declaró ante el juez Daniel Rafecas y luego en el Juzgado Federal de Santa Rosa que Marín y Aragonés "fueron los principales delatores de las víctimas de la represión durante la dictadura".
También reveló que pudo ver las firmas de ambos dirigentes justicialistas en las denuncias que llegaron a manos de los militares.
Fue el propio Aragonés quien se encargó de confirmar públicamente que había participado en la caceria humana de hombres y mujeres, a quienes calificaba de "zurdos" o "trapos rojos".
Lo hizo en una entrevista que concedió al diario La Razón el 28 de agosto de 1976. Una de las peguntas y su respuesta son por demás elocuentes.
-La Razón: ¿Hay mucha infiltración izquierdista?
-Aragonés: La hay. Pero nosotros hemos sido en las organizaciones sindicales el dique de contención, antes y después del 24 de marzo.
Si algo faltaba para confirmar la calidad de buchón de Aragonés, hace unos años, uno de sus delatados -Hermes Accátoli- en el curso de un acto partidario se acercó a él y a viva voz dijo que como prueba de que no guardaba rencor hacia quienes lo habían denunciado, "le voy a dar un abrazo a Aragonés".
Aragonés recibió el abrazo como si se tratara de un gesto de reconocimiento a su calidad humana.
Accátoli había quedado envuelto en el síndrome de Estocolmo.
Otra voz acusadora contra Aragonés y Marín que salió del círculo más cercano a Verna gobernador en 2006 fue la del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Rubén Funes.
"Estos tristes personajes -dijo Funes-, protagonistas de otras épocas, de momentos trágicos para nuestra historia y también para nuestra provincia, hoy siguen hablando, y sería bueno que lo hicieran ante la justicia. Que rindan cuenta de lo que hicieron durante un momento histórico. Creo que deben dar cuenta ante la Justicia, deben contar lo que saben, porque justamente la Justicia les va a llegar a ellos también. Son doblemente responsables quienes fueron delatores durante aquella época, porque al delatar a una persona sabían que la estaban enviando al secuestro, a la tortura y en muchos casos a la muerte".
Está claro que Funes no hubiese lanzado semejante acusación sin la anuencia de Verna.
La aparición de documentos en la Seccional Pimera de Santa Rosa vinculados a lo ocurrido en ese centro clandestino durante la dictadura, cuarenta y un años después, forma parte de ese juego pendular al que juegan los dirigentes del PJ -especialmente Marín y Verna- en un tema tan sensible como los Derechos Humanos.
Como dijo Raquel Barabaschi "nos les creo nada, pero bienvenidos" si están esos documentos y nos sirven para avanzar en el camino de Memoria, Verdad y Justicia.