El infierno entre rejas
Por Juan Carlos Martínez
Si en las cárceles y comisarías se somete a quienes están privados de su libertad a métodos aberrantes como el maltrato, la tortura y otras vejaciones que muchas veces terminan con la vida de esas personas, la condena no puede limitarse a los autores materiales de semejantes delitos.
El policía de gatillo fácil, el que golpea con su machete o el que tortura con la picana no ha nacido asesino, golpeador ni torturador: ha sido formado en esa cultura propia de los sistemas autoritarios, lo que no impide que la democracia la adopte en nombre de la paz de los cementerios.
Sabemos que la vida en el interior de las cárceles en la Argentina es un verdadero infierno para quienes sufren condenas que cumplen al margen de lo que establecen la Constitución y los tratados internacionales.
Lo de sanas y limpias, no como castigo sino como paso previo a la recuperación, es letra muerta. La mayoría de los que salen con vida de ese encierro no encuentran espacio en una sociedad que no se hace cargo de las causas por las cuales esas personas han transitado por los márgenes de las leyes.
Morir en alguna cárcel o en alguna comisaría son crónicas de muertes anunciadas que generalmente no se investigan, o si se investigan, las causas duermen largas siestas en los abarrotados armarios de los tribunales hasta que prescriben.
Testimonios claros de lo poco que vale la vida de los pobres.
La muerte de un preso en la Alcaidía de Santa Rosa, ocurrida hace unos días, y que alguna versión judicial se apresuró a sugerir como un suicidio por ahorcamiento, reactiva las fuertes sospechas que siempre se generan cada vez que se produce un hecho de esta naturaleza.
La apresurada conclusión que dio el fiscal Máximo Paulucci sobre las causas de la muerte de Daniel Velenzisi aún cuando su cuerpo estaba caliente es, para decirlo de la manera más suave posible, poco seria.
Sin embargo, las fotografías y los testimonios ofrecidos por familiares de Valenzisi y de otros presos no sólo contrastan con la versión del fiscal sino que aumentan las sospechas de que no se trató de un suicidio sino de una muerte provocada por una brutal golpiza, cosa que se sabrá una vez que se practique la autopsia si es que no aparece alguna mano negra para ocultar la verdad.
Decíamos al comienzo de la nota que nadie nace verdugo, que todo responde a una cuestión cultural y en el caso de la policía el comportamiento individual y colectivo de sus integrantes depende, en primera instancia, del poder político y de los jueces y fiscales que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en un estado de derecho.
Qué ejemplo puede transmitir a la policía un golpeador y torturador de mujeres; un consuetudinario irreverente de la ley; despedido dos veces de funciones públicas, una de ellas por hacer la vista gorda ante el incremento de torturas en las comisarías; condenado a prisión por abuso de autoridad sin que esa circunstancia le impida ocupar la cartera de Seguridad por segunda vez; responsable directo de perseguir y reprimir a hombres, mujeres y niños; acusado penalmente de dirigir la balacera contra pacíficos vecinos que manifestaban su temor por la crecida de las aguas en el Meridano V; autor intelectual de la muerte de un cazador de liebres al ordenarle a la policía disparar un tiro al aire y otro a la cabina del vehículo; involucrado en escandalosos actos de corrupción y fallido censor de periodistas, entre otras cosas..
Hablamos del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, convocado por el mismo que en 2006 lo había despedido del mismo cargo que vuelve a ocupar, una burla que el gobernador Carlos Verna repite para que nadie tenga dudas sobre la existencia de pactos inconfesables entre las partes.
Pero que no sea sólo el impune Tierno el blanco de las críticas y el único responsable de los continuos abusos que comete la Policía. Hay responsabilidades políticas y penales que comienzan en la cima del poder, es decir, en el gobernador Verna, un hombre muy astuto para zafar de situaciones engorrosas registradas en su camaleónica historia política.
Hay, también, una altísima responsabilidad en los otros poderes del Estado, de modo especial en el Judicial donde buena parte de jueces y fiscales siguen siendo funcionales a los gobiernos de turno, que en el caso de La Pampa es del mismo signo desde hace treinta y tres años.
Mientras avanzábamos hacia el final de esta nota, otro suceso de extrema gravedad ocurrido en una comisaría de Santa Rosa se sumó a la escalada de atropellos por parte de la policía.
La víctima, en este caso, se llama Manuel Lezcano y según denunciaron sus familiares y el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, fue sometido a una brutal golpiza y ahora se encuentra internado en estado vegetativo.
Hasta el cierre de este artículo, ni el gobierno ni ningún fiscal han dicho una palabra sobre este nuevo acto de barbarie.
Lo peor que nos puede ocurrir es tener una policía que en vez de proteger a los ciudadanos, los persigue. Y algo más grave todavía: que las cárceles y comisarías se conviertan en verdaderos infiernos.