Abogados de la muerte
Por Juan Carlos Martínez
En el juicio por el plan sistemático del robo de bebés, uno de los defensores del torturador y asesino Eduardo Alfredo Ruffo era el coronel-abogado Bernardo José Menéndez.
El letrado del apropiador de Carla Artes había sido condenado a prisión perpetua en diciembre de 2009 por múltiples delitos de lesa humanidad, pero como la causa no estaba firme, podía actuar como letrado.
O sea, que tuvo el raro privilegio de dirigir el manejo de la picana eléctrica y el Código Penal en tiempos diferentes.
En el primer caso durante el terrorismo de Estado como jefe de una de las áreas del I Cuerpo de Ejército entre el 26 de noviembre de 1976 y el 29 de enero de 1979. Menéndez era responsable de los campos de concentración Vesubio, Atlético, el Banco y Automotores Orletti donde Carla estuvo confinada junto con su madre.
En el segundo caso, ya en democracia, con jueces que no eran los de capucha sino los de toga, Menéndez fue defensor de quienes, como Ruffo, estaban bajo sus órdenes y respondían a sus directivas.
Otro abogado de la muerte conocido por los pampeanos es Hernán Vidal, quien defiende a secuestradores, torturadores y violadores que actuaron en La Pampa durante el terrorismo de Estado, una figura que el letrado acaba de negar bajo la conocida falacia que pretende instalar que en la Argentina hubo una guerra.
En recientes declaraciones al periodismo, Vidal –que no pasó por escuelas militares pero tiene especial simpatía por ellos- se despachó con los mismos argumentos que vienen empleando desde hace años los acusados y sus defensores con el propósito de convencer a los jueces que los juicios por delitos de lesa humanidad forman parte del espíritu de venganza que anima a quienes los promueven.
Las declaraciones de Vidal aparecen en vísperas de la segunda parte del juicio contra los responsables de cometer delitos de lesa humanidad en la causa de la Subzona 14 en la que se incluye a La Pampa.
Ya en el juicio a las Juntas, la sentencia no dejó margen para las dudas. Después de analizar todas las variables de la guerrilla urbana y rural y otras formas de lucha armada por parte de grupos irregulares, los jueces concluyeron que ninguna de ellas encajaba en lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura.
El fallo fue contundente. No hubo guerra: los militares llevaron adelante un plan criminal, definición que dieron los miembros del tribunal que juzgó a las juntas que encabezaron la cruenta represión que se llevó la vida de treinta mil personas. Un número que justifica incluir la figura de genocidio, como lo sostienen prestigiosos juristas y organismos defensores de los Derechos Humanos.
El abogado Vidal sabe que el secuestro, el confinamiento en centros clandestinos de detención, la tortura hasta provocar la muerte de la víctima, los abusos sexuales, los vuelos de la muerte, al saqueo de los bienes de las víctimas y el robo de seiscientos niños cuyas madres fueron asesinadas no encajan en una guerra y mucho menos son recursos que puedan defenderse en un estado de derecho.
Sabe, también, que el único que viola los derechos humanos siempre es el Estado como responsable principal de su cumplimiento.
Por eso, precisamente, nunca son comparables las acciones que acometen grupos irregulares con las que produce el Estado como responsable del monopolio de la fuerza y garantía de la preservación de las normas establecidas en un estado de derecho.
Insistir, como insiste Vidal, en que hubo una guerra, es un argumento anacrónico que apunta a imponer la descabellada reconciliación entre victimarios y víctimas para reafirmar la no menos descabellada teoría de los dos demonios.
Más de un centenar de abogados desaparecieron durante la dictadura, acusados de connivencia con las personas que defendían. ¿Vidal también los incluye en lo que llama guerra?
“Tan aberrante criterio –dice un fragmento del libro NUNCA MAS- conduce necesariamente al absurdo de imputar propensiones homicidas al letrado que defiende a un acusado de matar a otro. Lo cual, por vía de su generalización, dejaría tan valiosa función en manos de depravados y consecuentemente al justiciable en total indefensión”.
Por suerte para Vidal y para el resto de los abogados de la muerte, ningún juez de la democracia sería capaz de cargarles a ellos los secuestros, las violaciones y las torturas que sus defendidos cometieron contra hombres y mujeres durante el terrorismo de Estado en La Pampa.