El Caso Azcona legaliza la impunidad de otro "justiciero"
Por Juan Carlos Martínez - Foto: El Diario de La Pampa
En un país donde cientos y cientos de torturadores, asesinos y apropiadores de niños y delincuentes de la más variada calaña permanecen impunes, es comprensible -aunque resulte repudiable- que amplios sectores de la sociedad toleren, acepten y hasta aplaudan los casos de justicia por mano propia.
Es claro que esa postura se asume cuando los ajusticiados pertenecen a los sectores más vulnerables, pero los mismos que quieren ver muerto al ladrón de gallinas pueden convivir sin inmutarse entre bandas de criminales y ladrones de guante blanco.
Lo más preocupante de todo es que no son pocos los jueces que coinciden con los justicieros a través de sentencias que colocan a los victimarios en víctimas y de esa manera estimulan a muchas personas a tener armas de fuego en su casa para resolver eventuales situaciones de riesgo, aun cuando su vida no esté en peligro, como ocurrió en el caso del comerciante Oscar Inchoust en la ciudad de Santa Rosa.
El 28 de noviembre de 2009, Inchoust mató de un disparo al niño Cristian Azcona, de 13 años, al sorprender al chico en los techos del patio de su casa a la que había ingresado aparentemente con el propósito de robar unos pájaros.
Inchoust dijo que desde una ventana de su casa había efectuado un disparo al aire, revelación que contradice el fundamento central de los jueces que lo absolvieron, para quienes el comerciante actuó en "legítima defensa".
La legítima defensa se entiende cuando alguien está frente al riesgo cierto de perder la vida, circunstancia que ni por asomo significaba la presencia de un niño de 13 años que no portaba armas ni podía ingresar al interior de una vivienda protegida por puertas y ventanas enrejadas.
¿De quién se defendía Inchoust cuando disparó al aire con una pistola Tala de calibre 22? ¿Cómo se explica que un disparo al aire le haya partido el corazón al chico? ¿Acaso el pibe se había convertido en un pájaro que sobrevolaba sobre su cabeza? ¿No tenía el justiciero otro recurso antes de disparar su arma? ¿Por ejemplo, el de llamar a la policía?
Los jueces Carlos Mattei, Daniel Sáez Zamora y Carlos Besi determinaron que Inchoust actuó en "legítima defensa privilegiada". El imputado había sido condenado en 2015 a dos años y seis meses pero esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Impugnación Penal porque la fundamentación era incorrecta.
El argumento utilizado por los jueces rememora el caso de aquel muchacho que robó sesenta pesos y un atado de cigarrillos en la casa de un hijo de Jorge Matzkin (*) y que al huir, el ex ministro del Interior menemista le disparó por la espalda cuatro veces con un arma de guerra no registrada. Uno de los disparos rozó la cintura del muchacho aunque no hizo daño en ningún órgano vital.
Fue un claro intento de homicidio, pero la causa fue caratulada como abuso de arma de fuego y a partir de semejante aberración estaba cantado que todo el peso del incidente se cargaría sobre las espaldas del joven ladrón, quien fue condenado a trece años de prisión, diez veces más de lo que han recibido delincuentes de guante blanco como Tierno y el doble de lo que se ha aplicado a policías que durante la dictadura cometieron delitos de lesa humanidad como el secuestro y la tortura de personas.
Algunos se espantan cuando se dice que hay una justicia para ricos y poderosos y otra para pobres y vulnerables. Cosa que puede constatarse fácilmente cuando se pasa revista a la población carcelaria: entre el ochenta y el noventa por ciento de los presos son pobres.
Los ricos y poderosos siempre encuentran algún atajo "legal" para estirar las causas en las que están involucrados, a lo que se suma la mano piadosa de aquellos jueces funcionales a los que no les tiembla el pulso para decretar la prescripción de esas causas.
El caso del ministro Tierno -sólo por mencionar a uno de los más emblemáticos- reafirma esa realidad. Denunciado en 2008, recién en diciembre de 2014, es decir, seis años más tarde se dicta la sentencia a dos años de prisión, pero como el fallo no ha sido confirmado en segunda instancia, en diciembre de 2015 asume la cartera de Seguridad en el actual gobierno de Verna. Sólo un milagro evitará que la prescripción de la causa y la impunidad se den la mano.
Los pobres, en cambio, son sometidos a juicios que se desarrollan a velocidad supersónica aunque entre ellos y los criminales y los bandidos de guante banco los delitos tengan una desproporción sideral.
Volviendo al caso Azcona, está clarísimo que estamos frente a la legalización de la impunidad de otro justiciero.
N. de R. (*) El pampeano Jorge Matzkin es uno de los ex funcionarios con responsabilidades políticas que permanece impune por la muerte de los dos militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por policías cuando Matzkin era ministro del Interior del presidente interino Eduardo Duhalde.