Pena de muerte
Por Juan Carlos Martínez / Fotos: Dagna Faidutti
En la Argentina no existe la pena de muerte, pero infinidad de veces se la ha aplicado de oficio. Fue durante la dictadura militar cuando ese salvaje método se usó de manera sistemática contra hombres, mujeres y niños. Por eso las condenas incluyen tanto a los que ordenaron como a los que ejecutaron las múltiples atrocidades cometidas en el marco del terrorismo de Estado.
Mal que nos pese, en democracia la pena de muerte la sigue aplicando la policía a través de lo que se conoce como gatillo fácil. Primero se dispara contra potenciales, supuestos o reales delincuentes aunque los elegidos –siempre de los sectores más vulnerables- nunca hayan pasado delante de un juez.
La presunción de inocencia no existe porque los policías que apelan a tan extrema medida han sido educados con los códigos de la dictadura por más que los responsables políticos se llenen la boca hablando de estado de derecho, de derechos humanos, lloren a las víctimas y declaren públicamente su consternación o envíen mensajes de condolencias a sus familiares.
Semejante hipocresía forma parte de los discursos oficiales, particularmente de aquellos funcionarios que nos hablan del derecho a la vida sobre la sangre caliente de un muerto.
El asesinato del cazador de liebres Santiago Garialdi (39) a manos de dos policías que dispararon con sus armas reglamentarias nueve veces en una calle de la zona rural en una emboscada propia de bandas asesinas, era previsible en el marco de la política de mano dura ordenada por un ministro de Seguridad golpeador y torturador de mujeres, condenado por abuso de autoridad a dos años de cárcel y a cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos y por un gobernador que lo viene protegiendo desde hace más de tres décadas. Y que después de echarlo por el incremento de las torturas en las comisarías pampeanas cuando ejercía el mismo cargo, en 2006, lo vuelve a convocar en nombre de la paz de los cementerios.
Sólo políticos sin escrúpulos, de doble discurso y de doble moral como Carlos Verna pueden insistir en incorporar y mantener a un psicópata como Juan Carlos Tierno, autor intelectual de un asesinato que tiene todos los componentes de un fusilamiento.
Para decirlo sin eufemismo, la policía aplicó la pena de muerte de oficio, como en los trágicos años de la dictadura, esta vez cumpliendo con una expresa directiva de Tierno, como puede apreciarse en un audio que al escucharlo estremece y que se convierte en una prueba más que suficiente para separarlo del cargo y colocarlo de inmediato en el banquillo de los acusados junto a Verna como responsables ideológicos del fusilamiento de Garialdi.
“El primer tiro, al aire, y el segundo, a la cabina”, que es como decir “a la cabeza”, fue la orden del ministro como corolario de su política criminal que comenzó en noviembre de 1984 cuando era funcionario público y golpeó y torturó a una joven.
Ni aquel grave episodio ni todos los que fue sumando en su historial delictivo han sido suficientes para impedir que siga ejerciendo funciones públicas hasta hoy bajo la protección del gobernador Carlos Verna, del propio Partido Justicialista, de jueces y fiscales con las excepciones del caso como ocurre con los partidos de la oposición que hablan en voz baja, no dicen en público lo que dicen en privado o se remiten al silencio de los cómplices.
Todos ellos sabían que Tierno había llegado al límite de lo tolerable hace muchos años, pero como los compromisos políticos –la mayoría inconfesables- pesan más que la propia vida de las personas, continúan protegiéndolo por temor a que el gallo negro comience a cantar.
Una cuota de responsabilidad les cabe a quienes por ideología o por ignorancia votan a un tipo como Tierno fundando su elección en el falaz discurso de un psicópata que todo lo resuelve a los golpes o a los tiros.
Mientras los familiares de Garialdi y la gente que quiere vivir civilizadamente sale a las calles a pedir Justicia reclamando que se ponga fin a la ley de la selva, el gobernador Verna se toma unos días de descanso por prescripción médica agregando un matiz irónico en medio de la tragedia diciendo que no se borra para guardar reposo sino para tomar impulso.
La sonrisa que acompañó a esa ironía de mal gusto refleja la insensibilidad de Verna frente al asesinato de un ciudadano, cuya muerte lo tiene a él como el principal responsable.
Contemporáneamente, Tierno viajó a Buenos Aires para reunirse con Patricia Bullrich y analizar con su admirada ministra temas relacionados con el crimen organizado, aunque sin aclarar si se trató de los que cometen las bandas privadas o las que produce el Estado a través de la Policía del gatillo fácil.
Seguramente que Tierno habrá aprovechado la oportunidad para presentar su flamante título que lo acredita como el primer fusilador confeso de La Pampa, el primero que se atrevió a imponer la pena de muerte de oficio en democracia.