La bonaerense en la ola de procedimientos ilegales
Por Juan Carlos Martínez
Uno de los habituales procedimientos ilegales que están llevando a cabo las fuerzas policiales en todo el país tuvo una inesperada derivación que llegó a los tribunales de La Plata, ciudad donde ocurrieron los hechos el 30 de junio y del que fueron testigos y luego denunciantes los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.
A su regreso de una inspección que ambos hicieron junto con Adolfo Pérez Esquivel en la Unidad Penitenciaria de Olmos, los fiscales observaron un desproporcionado operativo policial llevado a cabo por una veintena de efectivos de la bonaerense.
Tres patrulleros rodearon a dos micros en una avenida de La Plata. De uno de ellos hacían descender a los pasajeros, los palpaban y revisaban sus pertenencias, vaciando mochilas y bolsos en la vereda.
Integrantes de la Comisión Provincial de Memoria y los funcionarios de la PROCUVIN descendieron del vehículo en el que viajaban y se presentaron ante el jefe del operativo, perteneciente a la comisaría 4ª de La Plata.
El policía les explicó que el procedimiento se debía a que una mujer, a quien presuntamente le habían robado un celular con GPS, denunciaba que el dispositivo estaba en ese micro.
Los fiscales le informaron que al no existir ninguna orden judicial que habilitara la realización del operativo, el procedimiento era ilegal.
Ante el planteo de los fiscales, el oficial a cargo decidió suspender el operativo pero dos agentes, un hombre y una mujer, continuaron revisando a una de las personas que iba en el micro. Al reiterarles que debían detenerse, algunos policías increparon al fiscal Palazzani y uno de ellos deslizó una velada amenaza.
“Yo a vos te conozco, eh” le dijo un obeso policía mientras el dedo índice de su mano derecha, amenazante, apuntaba al fiscal.
Finalmente, el operativo cesó mientras la denunciante del robo revelaba que su GPS registraba que su celular se encontraba en otro lugar, de modo que ese dato agregaba un detalle no menor sobre la sinrazón de un procedimiento policial que había violado los derechos de los pasajeros del micro al actuar a partir de una información errónea que no fue constatada y sin intervención judicial.
Minutos después, los móviles policiales abandonaron el lugar y el colectivo pudo continuar su marcha en medio de la indignación de los pasajeros sometidos a un trato humillante por parte de los policías.
Posteriormente, la CPM y la PROCUVIN hicieron una presentación en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia y formalizaron una denuncia penal sobre el accionar ilegal de la Policía.
La escuela de Camps
Lo ocurrido en La Plata viene a confirmar que los resabios de la escuela del genocida Ramón Camps siguen de pie en la policía bonaerense. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta hoy, no ha sido posible terminar con los métodos que la maldita aplicaba durante la dictadura militar. Desde el gobernador radical Alejandro Armendariz en adelante, todos los intentos dirigidos a democratizar a la fuerza policial más numerosa del país han sido condenados al fracaso.
Ni Carlos Arslanian, el presidente del tribunal que condenó a las juntas militares pudo, como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, depurar los vicios y corruptelas que anidan en la bonaerense y mucho menos evitar que el gatillo fácil, la picana eléctrica y los secuestros continuaran aplicándose como herramientas de uso cotidiano.
La desaparición de Julio Jorge López, testigo clave en el juicio al ex comisario torturador Miguel Etchecolatz ha sido uno de los golpes más audaces consumados en democracia con el sello indeleble de la bonaerense de los tiempos de Camps, uno de cuyos alumnos acaba de amenazar al fiscal Palazzani a través de un mensaje mafioso.
Si el autor de la amenaza que vestía el uniforme de policía se animó a tanto ante a un fiscal de la Nación y en presencia de otros miembros del organismo de seguridad, hay que imaginar a qué no se animará frente a los pibes de las villas y de los barrios periféricos que se han convertido en cotos de caza al amparo del llamado protocolo de seguridad que no es otra cosa que la legalización de los múltiples atropellos contra hombres, mujeres, adolescentes y niños que se repiten a lo largo y a lo ancho del país.
Lo más grave de todo es que en esta ola de procedimientos ilegales que en La Pampa se desarrolla bajo la conducción de un golpeador y torturador de mujeres manejando la policía al amparo de un gobernador que protege sus viejas y nuevas fechorías, el Poder Judicial permanece impasible frente a tantos atropellos y cuando interviene acepta las falaces versiones que la policía y sus abogados le ofrecen, como acaba de ocurrir en el caso Lazarte.
Es de esperar que la denuncia de lo ocurrido en La Plata sea resuelta por los jueces en el marco de la Constitución y los acuerdos internacionales y que el fallo sirva para terminar con esta ola de atropellos policiales que colisionan con la democracia, la libertad y los derechos humanos.