¿Dónde están los fiscales?
Por Juan Carlos Martínez
La policía de La Pampa que responde a las directivas del ministro Juan Carlos Tierno con el aval implícito y explícito del gobernador Carlos Verna sigue violando de manera permanente y sistemática elementales derechos humanos de hombres, mujeres y niños.
Desde el primer día que Tierno volvió a manejar la policía pampeana, las persecuciones, detenciones y torturas se han convertido en una constante que no encuentra límites.
La historia se repite con el mismo personaje que en 2006 debió ser eyectado de las mismas funciones por el notable incremento de apremios ilegales en las comisarías pampeanas. Que sea el mismo gobernador que lo despidió el que lo vuelve a convocar sugiere que entre las partes debe haber compromisos inconfesables. De otro modo no se entiende la repetición de un oscuro capítulo en la historia institucional de La Pampa.
Todas estas atrocidades no sólo se consuman en las comisarías. Los aberrantes procedimientos también se hacen en las calles, a plena luz del día y ante testigos que suelen interceder y hasta filmar esas escenas de horror que vuelven la memoria a los años de la dictadura.
Tanto o más graves que los métodos inhumanos que aplica la policía en democracia es la actitud de los fiscales que con su silencio y su pasividad no han hecho otra cosa que alentar la violencia institucional.
Por estos delitos, tanto el Estado provincial como el nacional pueden ser denunciados en los tribunales internacionales y hasta el país corre el riesgo de recibir una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es obligación ineludible de los fiscales defender los intereses de la sociedad y de la legalidad y actuar de oficio cuando adviertan que desde el propio Estado –como está ocurriendo en La Pampa- se violan derechos individuales y colectivos.
La peor violencia es la que proviene del Estado porque es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza pública y el que debe garantizar que las leyes no se hacen para perseguir a los ciudadanos sino para protegerlos.
La impunidad de quienes dan órdenes para reprimir y quienes acatan esas órdenes también es violencia simbólica porque estimula el uso irracional de la fuerza estatal que generalmente se aplica a los sectores más vulnerables de la sociedad mientras los poderosos permanecen lejos del corto brazo de la Justicia.
Nada más elocuente para demostrar que la igualdad ante la ley en La Pampa es una mera expresión de deseos, que detenerse un instante en un dato de la realidad: la inmensa mayoría de las víctimas de los atropellos policiales son personas de origen humilde, los más vulnerables, mientras quien ordena humillarlos, golpearlos y torturarlos está condenado a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde están los fiscales?
(Una valiente mujer filmó parte de la feroz golpiza que policías le propinaron a un hombre en presencia de sus dos hijos menores de edad. El hecho ocurrió en General Pico esta semana. El audio fue difundido en el programa televisivo En boca de todos).