Cecilia Pando, la apología del crimen y la libertad de expresión
Por Juan Carlos Martínez
Se dice que los jueces hablan por sus sentencias. También se puede decir que por sus sentencias muchos de ellos desnudan su perfil ideológico.
Es lo que se advierte en el fallo de la jueza Susana Nóvile condenando a la revista Barcelona por un fotomontaje satírico en el que aparecía Cecilia Pando, la activa defensora de los militares y civiles que cometieron graves delitos de lesa humanidad.
La revista usó un recurso habitual en los medios gráficos de todo el mundo para satirizar a la conocida apologista del terrorismo de Estado cuando la mujer se encadenó en 2010 frente al ministerio de Defensa para reclamar contra los juicios por los crímenes de la dictadura.
Entre otras consideraciones, la jueza sostuvo que "el ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas”.
Es increíble que una jueza hable de la integridad moral, el honor y la intimidad de una persona que reivindica pública y sistemáticamente el secuestro, la tortura, el asesinato de miles de hombres y mujeres y exalte el plan sistemático del robo de bebés como una conquista épica.
¿Cómo puede estar por encima de la libertad de expresión la libertad para convertir a la apología del terrorismo de Estado en una causa nacional?
¿De qué honor pueden hablar quienes deshonraron la vida sembrando la muerte?
No es casual que el fallo de la jueza Nóvile haya ocurrido a poco de haberse producido el cambio de gobierno y en consonancia con algunas medidas oficiales que coinciden, justamente, con los reclamos de la apologista Cecilia Pando tendientes a poner fin a los juicios por delitos de lesa humanidad.
Tampoco fue casual que a poco de haber asumido Macri, otra jueza -Sandra Arroyo Salgado- haya sobreseído a Ernestina Herrera de Noble en la causa que se tramitaba en su juzgado contra la propietaria del Grupo Clarín por la apropiación de Marcela y Felipe Noble Herrera, cuyos orígenes biológicos aún se desconocen en medio de fuertes indicios de que ambos son hijos de desaparecidos.
En el camino hacia la impunidad, el gobierno de Macri acaba de desmantelar la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, lo que incluye al Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial para la identificación de los cuatrocientos nietos que todavía buscan las abuelas desde hace cuarenta años.
¿Se entiende por qué Mauricio Macri calificó de curro a los derechos humanos?
¿Se entiende por qué Arroyo Salgado le sacó de encima a la viuda de Noble el rótulo de apropiadora?
¿Se entiende por qué la jueza Nóvile priorizó la apología del crimen sobre la libertad de expresión?
¿Se entiende por qué se castiga a una modesta publicación mientras el gobierno de Macri marcha al compás del ritmo que le imponen los grandes medios de comunicación?
¿Se entiende por qué la sociedad argentina tiene que reaccionar frente a esta brutal ofensiva de un gobierno que en nombre de la democracia transita por caminos que conducen a la dictadura?
¿Se entiende, por fin, por qué el país tiene que salir de esta encrucijada?
O se entiende o corremos el riesgo de volver a los peores momentos de nuestra historia.