Obediencia debida en la Legislatura
Por Juan Carlos Martínez
Es una obviedad decirlo, pero pareciera que algunos legisladores no están muy convencidos del rol que juega el parlamento en un sistema democrático y republicano.
Si hay un lugar donde el debate es el principio básico sobre el que descansa el parlamentarismo es, precisamente, el Congreso de la Nación y las Legislaturas provinciales.
No está de más recordar que hay países donde el sistema parlamentario ha sustituido a los regímenes presidencialistas, una idea que desde hace tiempo ronda en la Argentina por la cabeza de destacadas figuras como Raúl Zaffaroni, entre otros.
Volvamos al pago chico, concretamente a lo que hemos llamado obediencia debida en la Legislatura, donde el bloque del Partido Justicialista frenó un pedido de informes sobre la represión policial desatada el 9 de febrero contra vecinos de las localidades bonaerenses en Villa Sauze y Sansinena.
Estamos hablando de la irrupción de la policía pampeana en el territorio de otra provincia y nada menos que con el ministro de Seguridad al frente de la salvaje represión avalada y luego justificada por el propio gobernador Carlos Verna.
El silencio de los diputados ha evitado ventilar en la Legislatura la grave intervención de la Policía pampeana en territorio bonaerense, pero hay denuncias penales y civiles en los tribunales que están en curso y que no será tan fácil desactivarlas.
La mordaza de los legisladores se extendió sobre otros hechos policiales ocurridos, como fue la detención de un empleado de la propia Legislatura que había intervenido para evitar que policías continuaran castigando brutalmente a dos jóvenes en la vía pública.
El bloqueo de los diputados el PJ se extendió al caso de varios jóvenes militantes políticos detenidos porque hacían pintadas el 24 de marzo. Es decir, el día en que la Argentina cuarenta años atrás comenzó a vivir en medio del silencio impuesto por la desaparición, la tortura y la muerte.
La detención de esos jóvenes, justamente en esa fecha, fue un golpe bajo a la memoria colectiva, una ofensa a las víctimas del terrorismo de Estado y un atentado a la libertad de expresión, un derecho fundamental recuperado con la sangre de miles de argentinos.
Vocero de ese bloqueo a los pedidos de informes de los legisladores Eduardo Tindiglia (FpV) y Abel Sabarots (Frepam) fue el diputado de origen sindical Jorge Lezcano, el mismo que hace unos días, tras entrevistarse con Verna, anticipó lo que acaba de resolver el bloque al que pertenece: mandar al archivo el planteo de dos diputados de la oposición y echar un manto de olvido sobre los graves sucesos del 9 de febrero.
Los diputados justicialistas no quieren ventilar esos hechos en los que se incluye el antidemocrático juicio de valor que Verna lanzó en el propio recinto de la Legislatura al inaugurar el período de sesiones, cuando justificó los palos y las balas descargados contra hombres, mujeres y niños.
La frase textual vertida por el gobernador está más cerca del pensamiento de un hombre formado en las escuelas del autoritarismo que el de un funcionario de la democracia: “Hemos logrado más con los hechos consumados, que con los hechos corteses” pontificó Verna exaltando de esta manera la política de mano dura que lleva adelante su ministro golpeador de mujeres.
Si esto no es hacer apología del delito, le pasa raspando.