Vía libre a la picana
Por Juan Carlos Martínez
Cuando el Congreso Nacional sancionó en 1987 la Ley de Obediencia Debida, la Argentina desandó de un solo golpe el camino hacia la racionalidad política, jurídica y humana que había iniciado en 1983 con el histórico juicio a las juntas militares que gobernaron el país a sangre y fuego.
Aquella ley que algunos llamaron del perdón y otros de la impunidad, fue duramente criticada y rechazada por organismos de derechos humanos y por prestigiosas personalidades, tanto nacionales como internacionales.
En una entrevista que hicimos a los miembros de aquel tribunal, publicada por la revista española Tiempo en septiembre de 1987, Jorge Torlasco sostuvo que con la aprobación de esa ley la Argentina legalizaba por primera vez, desde 1813, la tortura (ese fue el título de la revista).
Torlasco se refería a la histórica decisión que adoptó el 21 de mayo de 1813 la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año XIII, al declarar abolidos los títulos nobiliarios y el uso de tormentos.
En verdad, el texto de la ley aprobado por el Congreso Nacional legalizaba la tortura, como bien expresaba el artículo primero: "Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos. . . por haber obrado en virtud de obediencia debida."
El tema de la aplicación de tormentos por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente de las policías, se ha reactualizado por estas horas por la increíble decisión de Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires al habilitar a la Policía Metropolitana y la Federal en el uso de las pistolas eléctricas Taser.
Versión moderna de la picana eléctrica, ese instrumento de terror conocido en carne propia por miles y miles de hombres y mujeres en tiempos de la dictadura y también durante gobiernos democráticos, reaparece en la vida de los argentinos para fortalecer las políticas represivas de un gobierno que con indumentaria democrática aplica métodos propios de una dictadura.
No es casual que el uso de las Taser coincida con la llamada emergencia en seguridad junto al protocolo represivo pergeñado por la mano dura de un gobierno que apela al garrote y a las balas para impedir las manifestaciones populares generadas por las políticas económicas impuestas por el neoliberalismo.
Mientras se pregona que hay que achicar el Estado para asegurar el empleo, no cesa la ola de despidos y se suspenden proyectos en áreas sensibles como salud, educación y ciencia y se anulan planes sociales destinados a los sectores más vulnerables, el gobierno aumenta el número de policías y agrega nuevos instrumentos para reprimir las manifestaciones populares que inevitablemente crecerán en defensa de legítimos derechos adquiridos.
Por lo visto, ni al gobierno ni a los jueces que habilitaron el uso de la moderna picana eléctrica les importa haber transgredido los principios establecidos por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura y el Comité Contra la Tortura creado en 2002 en la Provincia de Buenos Aires.
Después de todo, si pasan por encima del Congreso, si manipulan a los jueces y fiscales, si dejan sin trabajo y sin pan a miles y miles de hombres y mujeres, si asfixian la libertad de expresión, si se arrodillan ante los que nos chupan la sangre para hipotecar nuevamente al país, si protegen a asesinos y torturadores y si dentro del propio gobierno habitan cómplices y panegiristas de la dictadura y varios procesados por delitos económicos, si todo eso existe, la legalización de la tortura, a pesar de ser uno de los más aberrantes delitos, se pierde en la maraña de las múltiples y gravísimas violaciones a los derechos humanos.