Arroyo Salgado, lo jurídico y lo político
Por Juan Carlos Martínez
La jueza Sandra Arroyo Salgado no sólo habla por sus sentencias. Ahora también habla para sentenciar aunque del sentenciado no pueda ofrecer ni su nombre ni su rostro ni algún dato concreto que permita encontrar al autor de un delito, en este caso al .presunto asesino del ex fiscal Alberto Nisman.
La ex esposa de Nisman no ha cesado en su intento de convertir la muerte de su ex marido en un crimen aunque ni científica ni jurídicamente pueda demostrarse, hasta ahora, que se trató de un crimen o de un suicidio.
Y en su afán de convencer a todo el mundo de que su tesis es una suerte de verdad revelada, transita por los grandes medios de comunicación, especialmente por los del Grupo Clarín, repitiendo el mismo libreto.
Mientras Arroyo Salgado dedica buena parte de su tiempo a esta estruendosa campaña que tiene más componentes políticos que jurídicos, en su juzgado de San Isidro quedaron sin resolver algunas causas tan graves como la muerte de Nisman.
Por ejemplo, la causa de Marcela y Felipe Noble, los dos niños apropiados por Ernestina Herrera de Noble durante la dictadura militar en el marco del plan sistemático del robo de bebés.
El mismo esfuerzo que esta jueza está dedicando para conocer la verdad sobre la muerte de Nisman, ejerciendo un derecho inalienable, debió haberlo empleado para establecer el origen biológico de los hijos apropiados por la viuda de Noble.
Un derecho que les asiste tanto a esos jóvenes como a quienes buscan a desde hace cuarenta años a los centenares de aquellos niños que aún permanecen cautivos de sus apropiadores.
Sin embargo, Arroyo Salgado mantuvo durante más de cinco años la causa de Marcela y Felipe Noble sin dar un paso en busca de la verdad pese a los elementos que tenía a mano para avanzar en esa dirección.
Lejos de atender los reclamos presentados por los querellantes, entre ellos los del abogado y periodista Pablo Llonto, canalizados a través del fiscal Fernando Domínguez, la magistrada terminó cerrando la causa con el sobreseimiento de Ernestina Herrera de Noble.
Decisión que adoptó a pocos días del cambio de gobierno, un dato que fortalece la opinión de quienes creen que las cuestiones políticas prevalecieron sobre las jurídicas.