Un alumno de Verna, aplazado por la Corte
Por Juan Carlos Martínez
El 29 de enero el gobernador Carlos Verna recibió en su despacho al ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo (foto). La felicidad de ambos se refleja en esta imagen en la que el maestro y uno de sus mejores alumnos levantan el pulgar como signo de triunfo. Por entonces, Bravo, condenado en primera instancia por abuso de autoridad, había planteado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el propósito de revertir el fallo del juez Daniel Rulli. En 2013, el magistrado lo había condenado a siete meses de prisión en suspenso y a catorce meses de inhabilitación por abuso de autoridad en la habilitación de un cabaret en la localidad de 25 de Mayo cuando Bravo era intendente municipal.
Apenas un párrafo le bastó a la Corte para resolver la causa: "Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación").
El revés sufrido por el derrotado intendente de 25 de Mayo remite a otro personaje del equipo de Verna que, aún con una condena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación, forma parte de su gabinete.
Nos referimos a Juan Carlos Tierno, el ministro represor a quien Verna le confió el ministerio de Seguridad luego de haberlo despedido de las mismas funciones durante su anterior gestión y sin tener en cuenta que la condena contra Tierno se produjo por abuso de autoridad mientras se desempeñaba como intendente. Cargo del que también fue cesado tras la intervención al municipio de la capital pampeana sólo 87 días después de haber iniciado su mandato.
Los antecedentes de Tierno no se agotan en la condena de primera instancia por abuso de autoridad ni en su despido durante el primer mandato de Verna por el incremento de apremios ilegales por parte de la policía bajo su mando. A ello se suma su historia como golpeador de mujeres y su reciente participación como responsable de la Policía provincial en la salvaje represión contra hombres, mujeres y niños en territorio bonaerense.
La desprolijidad de Verna en estos casos no tiene límites ni explicación. Tal es su grado de audacia que ni siquiera se preocupa por guardar las formas.
La difusión de la foto junto al condenado Bravo, tomada en su propio despacho a pocos días de asumir, pone de relieve que para el gobernador de La Pampa los compromisos políticos (siempre inconfesables) están por encima de otras cuestiones que el buen administrador de los bienes públicos no puede omitir. Por ejemplo, la Ley de Ética Pública, cuyo texto se ha convertido en letra muerta, al menos para aquellos funcionarios que manejan la cosa pública como patrones de estancia.
Es cierto que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero en un país (y en un mundo) donde el poder y el dinero suelen tener más peso que la verdad, la celeridad con la que muchos jueces definen las causas que involucran a los más débiles contrasta con la lentitud que se resuelven cuando se trata de dictar sentencias contra los ricos y poderosos.
"Hoy sabemos -dice Bauman citando a Thomas Mathiesen- que el sistema penal golpea la 'base' más que la 'cima' de la sociedad. Las acciones con mayores probabilidades de aparecer en el Código Penal son las que cometen, más que nadie, los excluidos del orden, los humillados y pisoteados".
El dato más revelador de esta realidad se encuentra en el porcentaje de presos pobres que habitan en las cárceles frente al número de ricos y poderosos que son privados de su libertad. El ejemplo emblemático que podemos utilizar como referencia es el de Milagro Sala y el del empresario Carlos Blaquier. Mientras la militante social está encarcelada sin haber sido sometida a juicio con todas las garantías constitucionales, Blaquier permanece impune sin haber sido juzgado por su participación directa en delitos de lesa humanidad cometidos en la misma tierra donde Sala sigue privada de su libertad.
Volviendo a la inexplicable permanencia del ministro de Seguridad pampeano y al margen de lo que se resuelva judicialmente, si en este caso se hubiese echado un vistazo a la Ley de Ética Pública, por estas horas Tierno estaría en su casa esperando que se resuelva el fallo de primera instancia. O en otro lugar menos placentero pero más cercano a eso que se llama justicia: la cárcel.