Los jueces y los poderes
Por Juan Carlos Martínez
Es bueno saber que la reforma judicial que impulsa el gobierno es una iniciativa que no nació en los despachos oficiales. Tuvo su origen en los propios tribunales a través de jueces y fiscales que no comulgan con la corporación judicial y sus cerrados círculos.
Como ocurre con todo tema sensible, la discusión sobre las reformas ha dividido las aguas en dos sectores absolutamente antagónicos.
Por un lado, están alineados los grupos más conservadores de la judicatura, aquellos que históricamente han sido funcionales al modelo cuasi monárquico que existe en uno de los tres poderes del Estado. Sin duda el menos democrático de todos.
Por otro lado, aparecen los que alientan modificaciones de forma y fondo con el propósito de achicar la sideral distancia que siempre ha existido entre los hombres y mujeres de toga y la sociedad, particularmente de aquellos sectores más vulnerables.
La realidad nos dice que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Suficiente con detenerse en la condición social de los que habitan en las cárceles del país y repasar la larga lista de delincuentes de guante blanco que permanecen impunes.
En el marco de esta polémica leemos o escuchamos opiniones de todo tipo y calibre. Desde las más sensatas hasta las más disparatadas. Lo más importante de todo -como dice Raúl Zaffaroni- es que el tema sea discutido, porque alguna vez el universo judicial debe ser sometido a un amplio debate para que la vida de nuestros jueces deje de parecerse a la de una familia monárquica.
Una de las objeciones que emergen de los sectores que se oponen a las reformas apunta al gobierno porque suponen que todo lo que se intenta hacer no es otra cosa que someter a jueces y fiscales en instrumentos del poder político.
También se cuestiona que algunos candidatos a convertirse en jueces simpatizan con el oficialismo o que entre ellos hay quienes actualmente ejercen funciones públicas.
Se dice, también, que las reformas votadas por el Congreso le permitirán al gobierno manejar a su antojo al Poder Judicial y hasta hablan de métodos propios de una dictadura aún cuando los pasos que se han dado hayan sido dentro del sistema parlamentario.
Cierto es que el gobierno -como lo han hecho todos los gobiernos- tratará de encontrar magistrados que sean funcionales a su proyecto, aunque en ese sentido el kirchnerismo ha sido más cuidadoso que otros al integrar una Corte Suprema independiente o mucho más independiente que cualquiera de las que precedieron a la actual.
Una de las objeciones que se han escuchado por estas horas se refiere a un abogado que hace seis años actuó como letrado defensor de una empresa de la que formaba parte el ahora vapuleado empresario Lázaro Báez, a quien se vincula políticamente con el kirchnerismo además de estar en la mira de un juez por presunto lavado de dinero.
Si ese antecedente utilizado por el senador radical Mario Cimadevilla fuera suficiente para excluir a ese abogado de integrar la lista de jueces subrogantes, estaríamos frente a un verdadero disparate que no resiste el más tibio análisis.
Si se utilizara el mismo criterio del nombrado legislador para cuestionar a los profesionales que se postulan para incorporarse a la judicatura en juzgados nacionales y provinciales, tendríamos que escoger para esos cargos a abogados que no hayan actuado como defensores de personas acusadas de un delito, aún cuando ninguno de los acusados haya sido condenado por la justicia.
El planteo de Cimadevilla trae al recuerdo las épocas de la dictadura, cuando la represión criminal no sólo se dirigía a las víctimas sino a los abogados que las defendían. Es claro que no es lo mismo un lavador de dinero que un disidente del terrorismo de Estado, pero en una democracia el derecho a la defensa le asiste al más cruel de los asesinos y por eso precisamente Videla y sus secuaces pueden tener abogados que los defiendan. Y a nadie se le ha ocurrido quitarle la matrícula a esos abogados o cargar sobre sus espaldas los crímenes cometidos por sus defendidos.
Pero lo que no se cuestiona, por ejemplo, son los vínculos políticos o ideológicos que existen entre muchos jueces y fiscales con los poderes económicos. Como el de aquellos magistrados que asisten a encuentros internacionales organizados por empresas que les financian viajes y estadías en hoteles de cinco estrellas lo que no les impide atender causas en las que están involucrados esos grupos, como ocurrió con el camarista Francisco de las Carreras, uno de los invitados del Grupo Clarín a un seminario realizado en Miami. Suspicacias al margen, hay que recordar que posteriormente De las Carreras falló a favor de Clarín en la causa de la Ley de Medios.
Otro caso que puede ser emblemático en ese sentido, aunque con un recorrido inverso, es el del ex juez Gabriel Cavallo, quien abandonó la magistratura para convertirse en abogado estrella de Ernestina Herrera de Noble a quien representa en la causa de los dos hijos apropiados por la dueña del Grupo Clarín durante la dictadura militar.
Mientras Cavallo cerraba una carrera judicial tentado por el poder económico (poderoso caballero don dinero), el juez que enfrentó al mismo poder económico -Roberto Marquevich- fue destituido del cargo por haber investigado a fondo a Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de dos niños, es decir, por haber cumplido con su deber.
¿Qué es más cuestionable, al menos desde lo ético, figurar en una lista de postulantes a subrogancias judiciales tras haber sido abogado de una empresa integrada por Lázaro Báez o haber sido juez de la Nación y convertirse de la noche a la mañana en defensor de una de las empresarias más poderosas de la Argentina que además de estar involucrada en la apropiación de dos niños recibió de la misma dictadura el monopolio para la fabricación de papel para diarios?
Si no es bueno para la salud de la república que los jueces respondan al poder político de turno, mucho menos saludable para la democracia es que el poder económico domine la voluntad de los jueces y esté por encima del poder del Estado democrático.
Algo que no hay que perder de vista es que la Argentina no es un país gobernado por una revolución triunfante sino por personas que transitan dentro del sistema capitalista-liberal donde cualquier intento para cambiar el viejo modelo conservador siempre será fuertemente resistido.
Foto: un encuentro de "Justicia Legítima"