Reyes del cabaret en el aguantadero pampeano
Verna y Bravo, sonrientes, festejan el reencuentro del gobernador con el ex intendente condenado por abuso de autoridad y acusado por sus vínculos con los explotadores de mujeres en un cabaret de 25 de Mayo. La foto fue tomada en el despacho de Verna el 29 de enero.
Por Juan Carlos Martínez
La Pampa no ha sido ni es ajena al uso de lo que en la jerga popular se conoce como aguantadero. Traducido al castellano, el aguantadero es un refugio para albergar a determinados personajes que por distintas circunstancias necesitan permanecer bajo el paraguas protector de algún poderoso, incluido el propio Estado.
En esta provincia, los beneficiarios de esta modalidad que roza prácticas cuasi mafiosas, han sido personajes ligados a la política. También en la galería de protegidos aparecen personas que han participado o han sido acusadas de cometer delitos de lesa humanidad durante la sangrienta dictadura cívico militar. Es decir, militares, policías y civiles, entre ellos profesionales de la medicina.
Entre los casos más recientes y notorios se incluyen varios ex intendentes del justicialismo, dos de ellos responsables de uno de los mayores daños sufridos por la comuna de la capital pampeana en toda su historia.
Uno se llama Juan Carlos Tierno, conocido golpeador y torturador de mujeres que apenas duró 87 días en el cargo del que fue despedido por abuso de autoridad y graves irregularidades administrativas.
Tan graves que a finales de 2014 fue condenado a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, el actual gobernador Carlos Verna lo convocó para ocupar el cargo de ministro de Seguridad. Función de la que el propio Verna lo había despedido durante su primer mandato (2003/2007) por el notable incremento de los apremios ilegales cometidos por la policía provincial que respondía a sus órdenes.
El falaz argumento que sostiene Verna para que Tierno vuelva a manejar el garrote y la picana es que el fallo de primera instancia no ha sido confirmado en instancia superior. Del prontuario del elegido y de la ética, ni hablar.
Otro ex intendente incorporado al aguantadero estatal se llama Luis Larrañaga, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre pasado.
El ex candidato derrotado por la alianza UCR-PRO está acusado de haber dejado la municipalidad de Santa Rosa en las peores condiciones económico-financieras, a tal punto que la provincia debió hacer un anticipo millonario para evitar el colapso.
Por estas horas, el intendente Altolaguirre está hablando de cuentas dibujadas, un recurso habitual en anteriores administraciones municipales capitalinas.
El bioquímico Larrañaga y otros de sus funcionarios fueron premiados por Verna con altos cargos y jugosas remuneraciones en el Estado provincial mientras varios miles y miles de empleados públicos están siendo despedidos en todo el país.
El tercer intendente que acaba de regresar al universo burocrático para incorporarse al aguantadero vernista con un alto cargo se llama Jorge Tebes, el mismo que se fugó de la municipalidad de General Pico sin dar mayores explicaciones.
Tebes se encuentra al frente del Instituto Provincial de la Vivienda, una de las cajas negras que el justicialismo utilizó para enriquecer las arcas de algunos integrantes de sus bandas. Hubo funcionarios condenados por robar los dineros del Estado con obligación de devolver la plata que se llevaron, pero parece que ni Agüero ni Araniz se han enterado de esa obligación.
El viernes pasado reapareció en la Casa de Gobierno otro de los protegidos de Verna: el derrotado intendente de 25 de Mayo, David Bravo, condenado por abuso de autoridad e involucrado en casos de corrupción, incluyendo sus estrechos vínculos con personajes que lucraban con la trata en un cabaret de 25 de Mayo, causa que se tramita en el juzgado federal de Santa Rosa.
No ha trascendido si el gobernador seguirá haciendo filantropía a favor de Bravo, aunque los viejos y estrechos vínculos y las sonrisas con la que se ve a ambos en la foto es todo un testimonio de la buena relación que mantienen.
Otro ex intendente cabaretero que transita por los laberintos del poder político pampeano se llama Luis Rogers, el hombre que justificó la presencia del cabaret Good Nigth, de Lonquimay - la localidad que gobernaba- diciendo que “un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría”.
En el juzgado federal de Santa Rosa se inició una causa penal contra el ex intendente Rogers. La causa permanece abierta luego de que Casación revocó el sobreseimiento dictado por la Cámara de Bahía Blanca, de modo que el procesamiento de Rogers se mantiene.
Dicen las malas lenguas que lo que le falta al aguantadero pampeano ahora es elegir entre Bravo y Rogers al rey del cabaret.