Derechos Humanos
Por Juan Carlos Martínez
Uno de los temas de discusión dentro de los organismos de derechos humanos que se institucionalizaron en la Argentina a partir de la recuperación democrática ha sido su relación con los gobiernos de turno. En ese sentido, nunca ha habido uniformidad de criterios, incluso esas discrepancias –que se mantienen al día de hoy- han sido motivo de rupturas.
Fue durante el kirchnerismo cuando las diferencias se profundizaron a partir del estrecho acercamiento de Madres (Hebe de Bonafini) y Abuelas (Estela de Carlotto), las dos entidades que mayor compromiso político asumieron durante las gestiones de Néstor Kirchner primero y luego con el gobierno de Cristina.
La postura del resto de los organismos fue mucho más cautelosa y aunque ponderaron las políticas oficiales en materia de derechos humanos, sobre todo los juicios contra los genocidas, hubo críticas que marcaron las diferencias entre unos y otros.
Al margen de la tarea de estas organizaciones sociales, tanto los gobiernos nacionales como los provinciales han creado secretarías de derechos humanos, cuyos funcionarios dependen directamente del poder político. Es decir, no son organismos autónomos.
En ese contexto ¿qué papel juegan esos funcionarios cuando es el propio gobierno del que forman parte el que viola los derechos humanos?
La experiencia nos dice que en esos casos el camino escogido ha sido el silencio, que es una forma de complicidad, o la difusión de alguna tibia declaración que sólo ha servido para salir del paso evitando de esa manera enfrentarse con el principal responsable de violar los derechos humanos: el propio gobierno del cual dependen.
La oportunidad es propicia para preguntar qué es lo que ha hecho la secretaría de Derechos Humanos del gobierno de La Pampa frente al brutal castigo del que resultaron víctimas dos jóvenes por parte de una patota policial que extendió su barbarie a un conocido vecino que intentó frenar semejante salvajada.
Los hechos fueron denunciados por la víctima en sede judicial y en la secretaría del gobierno que encabeza Carlos Verna, cuyo ministro de Seguridad es el responsable directo de la acción de los policías de la Seccional Primera que participaron en el aberrante procedimiento.
El ministro no es otro que el condenado Juan Carlos Tierno, cuya gestión anterior en el mismo cargo fue interrumpida por el propio Verna justamente porque en las comisarías las golpizas a los presos se habían incrementado de manera notable merced a las políticas de mano dura diseñadas por el colérico funcionario.
En aquella oportunidad, el entonces subsecretario de DD.HH, Rubén Funes, fue el mensajero que utilizó Verna para desprenderse de Tierno.
“En las comisarías, a los presos se los desnuda, se los cuelga y se los golpea” dijo a viva voz el enviado de Verna y aquel mensaje se convirtió en un telegrama de despido para el hombre de la mano dura y larga.
Todo el mundo sabía que Funes no tenía poder ni autonomía para lanzar semejante acusación y que sólo repetía lo que Verna le estaba dictando.
Desde entonces, las cosas han cambiado pero no para bien: ahora la policía, nuevamente bajo el mando de Tierno, humilla, golpea y tortura en la vía pública con total y absoluta impunidad, pero el nuevo subsecretario de Derechos Humanos sólo se ha limitado a expresar algunas vaguedades como para justificar el buen sueldo que le pagan.
Mientras el gobernador Carlos Verna nos habla de diálogo y consenso como ejes de su nueva gestión, Tierno avanza a paso redoblado, garrote en mano, hacia el Estado policial que el gobierno de Macri ha puesto en marcha en nombre de la alegría.
Creer que Tierno no es el que conocemos de sobra es una verdadera ingenuidad. En el actual contexto nacional, con un gobierno que está llenando el país de policías y gendarmes pertrechados con los más modernos instrumentos represivos, y con un gobernador que volvió a abrirle las puertas del poder para devolverle algún favor inconfesable, no hay duda que Tierno ha encontrado el espacio que estaba buscando para vengarse de la sociedad que forzó su desplazamiento.
Si Verna no advierte el riesgo que entraña para su propia estabilidad sostener en su gabinete a un psicópata resentido y con poder, cuando el agua le llegue al cuello le resultará difícil encontrar un salvavidas para evitar el naufragio.