Avanza el Estado policial
Por Juan Carlos Martínez
Los métodos de desestabilización de gobiernos democráticos han ido cambiando en el mundo, particularmente en nuestro continente. Ya no son los militares los que salen de los cuarteles marchando con sus tanques para tomar el poder político. Ahora son las policías las que van al frente agitando reivindicaciones reales o supuestas que les sirven a los golpistas como argumento para provocar la caída de gobiernos. Ecuador, Bolivia y Brasil pasaron por esa experiencia, aunque el poder político resistió y pudo evitar la caída.
“Esta tentativa de golpe de Estado refleja un problema general de América latina. No nos hemos ocupado de hacer un modelo policial democrático. Ese es el poder que da golpes en este momento. No son tradicionales, pero pueden desestabilizar”, dijo en su momento el prestigioso penalista Raúl Zaffaroni.
En el caso argentino, los acuartelamientos o movimientos policiales ocurridos en algunas provincias –incluida La Pampa- no han estado dirigidos a derribar gobiernos sino a ejercer presiones sobre ellos para lograr algunas reivindicaciones laborales y, de paso, medir el nivel de resistencia del poder político.
Es más que evidente que detrás de esos movimientos actúan los grandes medios de comunicación que son los encargados de crear el caldo de cultivo necesario para que la sociedad acompañe cualquier aventura de esa naturaleza.
La derecha que en la Argentina acaba de llegar al gobierno por el voto popular, ha puesto la mira en las policías para cumplir con sus objetivos Por ahora no piensan en las fuerzas armadas en las calles porque la ley les veda a los militares participar en conflictos internos, pero conociendo el respeto que Macri ha demostrado por la Constitución sólo en un par de días, uno puede imaginar que con semejantes actores cualquier aventura es posible.
La emergencia en seguridad es la herramienta con la cual el gobierno de Macri avanza para instalar en la Argentina un Estado policial que le garantice la aplicación de políticas antipopulares a través de un sistema represivo que ya comenzó a aplicarse.
Con el falaz argumento de garantizar la seguridad pública, los planes del oficialismo apuntan a llenar de policías las calles de la república, una de las formas clásicas que el autoritarismo emplea para a infundir miedo en la sociedad mientras los delincuentes de guante blanco acometen su faena con total y absoluta impunidad.
Todo el mundo sabe que no son pocos los políticos que mientras declaran la guerra a esa abstracción llamada delito, pactan con las cúpulas policiales para repartirse el botín que producen las bandas que lucran con el tráfico de drogas, el juego, la prostitución y otros delitos no menores.
A una semana de haber asumido las nuevas autoridades elegidas por el voto popular tanto en la Nación como en las provincias, el despliegue de uniformados es un anticipo de lo que se viene en torno de las políticas de seguridad.
El gobierno de Macri y sus socios provinciales saben que el brutal ajuste que se viene con la devaluación en marcha ya está generando la reacción de los sectores que más daño han sufrido: trabajadores, jubilados, pequeños y medianos comerciales e industriales y todo aquel que tenga relación de dependencia.
Como el impiadoso sistema económico impuesto por Macri no tiene respuestas para atender las demandas de las mayorías sobre las cuales se descarga el ajuste, el remedio para frenar las crecientes manifestaciones populares será el de siempre: represión.
Para acompañar el uso del garrote, las balas y los hidrantes, el gobierno estaría preparando medidas burocráticas con la finalidad de impedir o entorpecer las manifestaciones públicas.
Se trataría de autorizaciones que deberían obtenerse como paso previo para realizar manifestaciones callejeras, lo que supone que todo lo que no tenga el consentimiento de las autoridades sería considerado “ilegal”.
Un argumento que serviría a las policías de la democracia para reprimir como lo hacían las policías de la dictadura.
Como lo hizo y lo sigue haciendo la policía de La Pampa bajo la conducción de un psicópata golpeador y torturador de mujeres que ya demostró su apego al garrote y a otras formas de tormentos aplicados a detenidos en comisarías pampeanas.
Con la instalación de un Estado policial, la Argentina volvería a los días más oscuros que vivió en su pasado reciente y sufriría uno de los mayores retrocesos en los treinta y dos años de vida democrática.
Ilustración: portada de La Izquierda Diario