La Bonaerense y la Metropolitana se dan la mano… dura
Por Juan Carlos Martínez
Con sus más de dieciséis millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires es el mayor distrito de la Argentina. Un país dentro del país. El que mayor cantidad de electores tiene. El más rico de todos. El que más carnes y granos produce.
En su inmensa geografía conviven la Biblia y el calefón. Los que trabajan de sol a sol y no llegan a fin de mes con su salario. Los millonarios del curro de la soja. Los hombres y mujeres que hacen patria desde las aulas del saber, desde los centros científicos, lo que aportan los obreros en las fábricas, los seres anónimos que son ejemplos de vida. Los justos, como los distinguía Borges.
En ese mismo territorio también habitan las mayores miserias humanas. Los que lucran con el juego, con la prostitución de mujeres y con la droga apadrinados por políticos, jueces, sindicalistas y empresarios inescrupulosos.
Todo eso y mucho más se resume en la provincia de Buenos Aires. Allí se hicieron famosos los caudillos conservadores, aquellos del fraude patriótico en los tiempos en que los muertos también votaban. El de las policías bravas que si las comparamos con la maldita que se formó en la escuela de Camps sería algo así como un batallón de imberbes boy scouts de principios del Siglo XX.
Desde la recuperación de la democracia en 1983, el poder político en la provincia de Buenos Aires ha permanecido atado a intereses non sanctos. Que no son, precisamente, los que prevé el sistema democrático.
El primer gobierno post dictadura estuvo encabezado por el médico radical Alejandro Armendariz, un hombre que gobernó con la espada de Damocles sobre su cabeza. Es decir, con la policía formada en la escuela del genocida Ramón Camps y su mano derecha, el comisario torturador Miguel Etchecolatz.
Los gobiernos que siguieron al del radicalismo no sólo continuaron sometidos a ese mosaico de espurios intereses: lo profundizaron a medida que el juego, la prostitución y la droga fueron ganando espacios, sobre todo con la gestión de Eduardo Duhalde. Los que le sucedieron (Felipe Solá y hasta ahora Daniel Scioli) continuaron atados a un sistema con ribetes de corte mafioso que ha clavado hondas raíces. El apresuramiento de Duhalde para a ofrecerle su ayuda a la electa gobernadora es un mensaje que excede el interés personal del hombre que calificó a la policía bonaerense como la mejor del mundo.
El poder paralelo que ejerce esa policía ha sido uno de los principales escollos que ha encontrado la democracia para despojarse de los lastres del pasado reciente. Todo intento por depurar a la maldita han fracasado. De cada purga ordenada por el poder político nacieron bandas formadas por ex policías que se dedicaron a incrementar las estadísticas de los delitos.
En ese contexto gobernará María Eugenia Vidal, una macrista que dio un sorprendente salto que viene a demostrar el nivel de degradación en el que ha caído la política, una ciencia que, como es público y notorio, puede ser manejada por curanderas y curanderos de la política.
Que la provincia de Buenos Aires quede en manos del macrismo es, a todas luces, un gigantesco retroceso en el tema de la seguridad, uno de los caballitos de batalla que tiene la derecha para profundizar la aplicación de la mano dura cómo único recurso para reprimir los conflictos sociales.
Si con Scioli la policía mantuvo esa línea de acción, con el macrismo en el poder, los sectores más vulnerables serán, como siempre, los que poblarán las cárceles bonaerenses y los blancos elegidos por el gatillo fácil.
Está clarísimo que los cambios serán para empeorar. El futuro ministro de Seguridad de Vidal será Cristian Ritondo, quien antes de asumir elogió sin eufemismos la política aplicada por Alejandro Granados.
Lo de Ritondo es un anticipo de las políticas que aplicará María Eugenia Vidal en esa materia. Que no será diferente a la que el macrismo viene aplicando a través de la Policía Metropolitana, cuya debilidad por el gatillo fácil ya ha dejado un tendal de muertos y heridos. El último caso es el de Lucas Cabello, un muchacho de 22 años que a pesar de estar desarmado y ajeno a cualquier situación conflictiva, fue baleado a quemarropa por un policía de la Metropolitana el lunes en el barrio de La Boca. Dicho de un modo más claro: fue un intento de homicidio, un intento de fusilamiento.
Sin embargo, la electa gobernadora María Vidal se apresuró a difundir una versión absolutamente ajena a la realidad al sostener que fue un caso de violencia de género mientras que el CELS ha calificado al hecho de "uso indiscriminado de la fuerza letal de la policía Metropolitana"..
"Tenemos tres testimonios de vecinos, coincidentes los tres" le dijo el fiscal Miguel Palazzani, titular del Procuvin a Página 12. "Uno de ellos -agregó- nos dijo que escuchó el primer disparo, se asomó y vio a Lucas en el piso en posición fetal, y al policía que se le acercó y le tiró dos veces más para rematarlo. ¿De qué violencia de género se está hablando?"
El policía que disparó contra Lucas estaba de guardia en una casa vecina a la de la víctima cumpliendo una consigna por una situación conflictiva que mantiene una mujer con su hijo. Lucas estaba entrando a su casa con un sándwich de milanesa en la mano cuando esa mujer apretó el botón antipánico, momento en que el policía disparó contra Lucas en tres oportunidades, las últimas dos cuando el muchacho estaba herido en el suelo.
Lucas, que ahora se debate entre la vida y la muerte, trabajaba como cuidador de un restaurante ubicado en la esquina donde vive con sus padres.
En relación al grave suceso, el CELS difundió un comunicado en el que sostiene que "como consecuencia de las intervenciones violentas de esta fuerza (la Metropolitana) al menos 111 personas resultaron heridas. En algunos casos, como ocurrió ayer (por el lunes) con Lucas Cabello, estas heridas son de gravedad y tienen consecuencias perdurables en la vida de las personas".
Y agrega: "En estos años, el Poder Ejecutivo porteño no ha problematizado de ningún modo el uso indiscriminado de la fuerza letal por parte de la Metropolitana. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires no sólo no han condenado el hecho sino que dieron públicamente una versión falsa que pretende justificar lo ocurrido".
Y concluye: "Estas prácticas están arraigadas en las policías del país. La Metropolitana ya forma parte de esa tradición que reproduce respuestas violentas y discriminatorias amparadas en un discurso político justificador".
Digamos, por fin, que la postura de María Eugenia Vidal está en sintonía con la que ha mantenido el gobierno de Macri en situaciones similares protagonizadas por efectivos de la Policía Metropolitana desde su creación en 2010.
Las seis ejecuciones concretadas por policías metropolitanos y las que suelen producir los de la bonaerense no es otra cosa que la aplicación de la pena de muerte de oficio, un extremo aplicado sistemáticamente durante la dictadura militar, una aberración que viola todo principio jurídico, ético y humano y que coloca a la Argentina en los umbrales de la barbarie.