La policía en un estado de derecho
Por Juan Carlos Martínez
El Superior Tribunal de Justicia acaba de ordenarle al Poder Ejecutivo que revierta "en forma urgente" la situación de los detenidos en comisarías y alcaidías de La Pampa.
La sorpresiva urgencia del máximo organismo judicial de la provincia contrasta con la crónica indolencia demostrada por el mismo Poder Judicial pampeano frente a la grave situación que desde hace muchos años se advierte en comisarías y alcaidías.
Las inhumanas condiciones y el mal trato a que son sometidas las personas alojadas en sus lugares de confinamiento han sido denunciadas desde distintos sectores de la sociedad, particularmente por parte del periodismo.
Si en treinta y dos años de democracia no hemos sido capaces de desterrar estas aberrantes prácticas que se producen en comisarías y alcaidías no ha sido por desconocimiento de jueces, fiscales e integrantes de los otros poderes del Estado.
Todo lo contrario. Son innumerables las denuncias de carácter público que han difundido los medios de comunicación sin hallar eco en quienes tienen la obligación de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes que rigen en un estado de derecho.
El precepto constitucional que establece que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas" ha sido desconocido y burlado sistemáticamente.
El mal trato y los apremios ilegales no se han cesado durante los sucesivos gobiernos democráticos.
Sería un despropósito comparar lo que ocurre actualmente en el interior de las comisarias con lo que ocurría durante la dictadura. Pero si no se eliminan de raíz los resabios que han sobrevivido de ese ominoso pasado, estaremos cada vez más cerca de repetirlo.
La policía no tortura o aplica el gatillo fácil por las órdenes que recibe. Nadie se atrevería a impartir directivas en ese sentido. Pero suficiente con la pasividad o el silencio de los que tienen poder para que tan aberrantes métodos sigan aplicándose.
¿Cuántos años pasaron para que los policías que torturaban durante la dictadura fueran sometidos a juicios y condenados por esos delitos? No pocos de ellos fueron protegidos y hasta ascendidos por el poder democrático.
En plena democracia hemos asistido a situaciones de extrema gravedad como la muerte del jornalero Juan Carlos Canale en una comisaría. Sólo por mencionar uno de los casos emblemáticos.
Debieron pasar muchos años para esclarecer ese crimen y condenar a los responsables. Que no eran los presos allí alojados los que provocaron la muerte sino los propios policías.
El poder político y el judicial hicieron lo suyo para que los responsables de aquella muerte se ocultaran bajo el manto de impunidad que la indolencia oficial les sirvió en bandeja.
Tanto Marín como Verna tienen un alto grado de responsabilidad en la aplicación de la mano dura en esta provincia.
Ambos protegieron a Juan Carlos Tierno cuando el entonces asesor letrado del primer gobierno constitucional golpeó y torturó a una joven que debió ser hospitalizada con graves lesiones.
Lo primero que hicieron fue borrar y ocultar pruebas, castigar al policía que recibió el testimonio de la víctima y mandar a un ministro a "negociar" sin éxito los días de ausencia de la joven de su lugar de trabajo en una dependencia estatal.
Años después, el mismo Tierno debió ser despedido como ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad por el notable incremento de los apremios ilegales en las comisarías.
"A los presos se los desnuda, se los cuelga y se los golpea" denunció públicamente un funcionario que el entonces gobernador Verna convirtió en mensajero para sacarse de encima al ministro de la mano dura y cargar sobre sus espaldas las culpas de una política de la cual el propio Verna era el principal responsable.
Sabido es con qué velocidad se reproducen los malos ejemplos en las instituciones regidas por una concepción verticalista. Sobre todo cuando los que están al frente se han formado en las escuelas del autoritarismo.
La tardía reacción del máximo tribunal de justicia de La Pampa, aunque tenga sabor a oportunismo, debería ser el punto de partida para terminar con las políticas oficiales en lo que respecta al rol de la policía en un estado de derecho.
Se trata, ni más ni menos, de un cambio cultural que requiere de la participación de actores y ejecutores con sólidas y profundas convicciones democráticas y humanitarias.
Los recursos humanos con esas virtudes no se hacen con discursos ni acordadas sino con un sistema educativo basado en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas.