Los angelitos de La Nación

Por Juan Carlos Martínez

 

A casi cuarenta años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 nada queda por decir sobre las atrocidades que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Sólo aquellos que participaron directamente o fueron cómplices del plan criminal encabezado por Videla se animan hoy a poner dudas sobre el bien calificado genocidio argentino. 

 

Uno de los voceros de semejante manipulación sigue siendo el diario La Nación, asociado a la dictadura a través de Papel Prensa junto con Clarín y La Razón. 

Montado en la teoría de los dos demonios, el diario de los Mitre  no se cansa de poner en la misma bolsa a las víctimas y a sus victimarios, a los jueces de toga con los jueces de capucha y hasta suele confundir a sus lectores en determinadas valoraciones entre la democracia y la dictadura. 

 

La perversidad del lenguaje les permite calificar de guerra a un genocidio, de presos políticos a los asesinos y torturadores y hasta sostener que los apropiadores de niños hicieron una obra de bien (*) al quedarse con los hijos de las jóvenes madres a las que asesinaban después de parir a aquellas criaturas en maternidades clandestinas en condiciones infrahumanas. 

 

No es casual, entonces, que uno de los habituales columnistas de La Nación sea, justamente, Vicente Massot, propietario del diario La Nueva Provincia, el medio que en Bahía Blanca usaron los militares en su campaña de acción psicológica y en el ocultamiento de sus crímenes antes, durante y después del golpe del 76. 

 

El propio Massot está imputado por el doble crimen de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, delegados de los obreros gráficos de La Nueva Provincia asesinados luego de ser marcados ideológicamente por los propietarios del diario bahiense.

 

Otro de los defendidos por La Nación es el ahora suspendido camarista Néstor Montezanti, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A, a cuyas bandas asesinadas estaba ligado. 

 

Por si faltara algo para saber de sus andanzas, hay que agregar que Montezanti era abogado de la Unión Obrera Metalúrgica dirigida por Rodolfo Fito Ponce. Nada menos.

 

Además, el suspendido magistrado está acusado de participar en el aparato de inteligencia que actuaba en la Universidad del Sur en los tiempos del rector nazi Remus Tetu. 

 

El jueves de esta semana La Nación dedicó su editorial a defender a Montezanti, uno de los angelitos de la guarda que escribió algunas páginas negras durante el terrorismo de Estado en el paraíso bahiense.

 

(*)

P. ¿Qué pasó con los niños que reclaman las Abuelas de Plaza de Mayo?

La Nación. Casi todos eran huérfanos abandonados por sus padres guerrilleros. Las personas que se quedaron con ellos, hicieron una buena cosa. (La abuela de hierro, P.174 (ediciones 1995 y 2012).

 

Los angelitos de La Nación

Por Juan Carlos Martínez

  A casi cuarenta años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 nada queda por decir sobre las atrocidades que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Sólo aquellos que participaron directamente o fueron cómplices del plan criminal encabezado por Videla se animan hoy a poner dudas sobre el bien calificado genocidio argentino.

  Uno de los voceros de semejante manipulación sigue siendo el diario La Nación,  asociado a la dictadura a través de Papel Prensa junto con Clarín y La Razón.

  Montado en la teoría de los dos demonios, el diario de los Mitre  no se cansa de poner en la misma bolsa a las víctimas y a sus victimarios, a los jueces de toga con los jueces de capucha y hasta suele confundir a sus lectores en determinadas valoraciones entre la democracia y la dictadura.

  La perversidad del lenguaje les permite calificar de guerra a un genocidio, de presos políticos a los asesinos y torturadores y hasta sostener que los apropiadores de niños hicieron una obra de bien (*) al quedarse con los hijos de las jóvenes madres a las que asesinaban después de parir a aquellas criaturas en maternidades clandestinas en condiciones infrahumanas.

  No es casual, entonces, que uno de los habituales columnistas de La Nación sea, justamente, Vicente Massot, propietario del diario La Nueva Provincia, el medio que en Bahía Blanca usaron los militares en su campaña de acción psicológica y en el ocultamiento de sus crímenes antes, durante y después del golpe del 76.

  El propio Massot está imputado por el doble crimen de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, delegados de los obreros gráficos de La Nueva Provincia asesinados luego de ser marcados ideológicamente por los propietarios del diario bahiense.

  Otro de los defendidos por La Nación es el ahora suspendido camarista Néstor Montezanti, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A, a cuyas bandas asesinadas estaba ligado.

  Por si faltara algo para saber de sus andanzas, hay que agregar que Montezanti era abogado de la Unión Obrera Metalúrgica dirigida por Rodolfo Fito Ponce. Nada menos.

  Además, el suspendido magistrado está acusado de participar en el aparato de inteligencia que actuaba en la Universidad del Sur en los tiempos del rector nazi Remus Tetu.

  El jueves de esta semana La Nación dedicó su editorial a defender a Montezanti, uno de los angelitos de la guarda que escribió algunas páginas negras durante el terrorismo de Estado en el paraíso bahiense.

(*) P. ¿Qué pasó con los niños que reclaman las Abuelas de Plaza de Mayo?

La Nación. Casi todos eran huérfanos abandonados por sus padres guerrilleros. Las personas que se quedaron con ellos, hicieron una buena cosa. (La abuela de hierro, P.174 (ediciones 1995 y 2012).