Derechos Humanos y poder político
Por Juan Carlos Martínez
La cruenta irrupción de la dictadura cívico-militar-clerical fue decisiva para la aparición de diversos organismos defensores de los derechos humanos. Las Madres y las Abuelas marcaron un camino al que poco a poco se fueron sumando otras organizaciones como Familiares de Desaparecidos, el Centro de Estudios Sociales y Legales, el Servicio de Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.
Cada uno de esos organismos diseñó sus actividades de manera independiente, pero estuvieron monolíticamente unidos para enfrentar a la dictadura. Fueron ellos, sin duda, los que hicieron el mayor aporte –con las Madres y las Abuelas al frente- para que el mundo entero conociera las atrocidades que se estaban cometiendo en la Argentina bajo el terrorismo de Estado.
También fueron ellos los que construyeron con su implacable resistencia las bases de la democracia que en 1983 puso fin a la sangrienta dictadura y los que impulsaron los juicios contra los responsables del genocidio en medio de fuertes presiones del poder militar y sus cómplices civiles.
Los avances y los retrocesos que se produjeron durante el gobierno de Alfonsín con el juicio a las juntas y las posteriores leyes de impunidad fueron producto de esas presiones que se repitieron durante el gobierno de Menen, el presidente de los indultos a los genocidas.
Sin embargo, los organismos de Derechos Humanos no cesaron en su lucha contra la impunidad y aunque no bajaron sus históricas banderas, aparecieron las primeras fisuras en el interior de algunas organizaciones.
En 1986 se produjo la fractura en la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuando varias de ellas decidieron apartarse del organismo por disidencias con Hebe de Bonafini, entonces su presidenta.
En el grupo que se alejó de la institución había varias madres fundadoras, entre ellas Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y María Adela Antokolet quien presidió el organismo que justamente lleva el nombre de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y que hoy preside Marta Vázquez.
Entre otras cosas, Hebe les endilgaba sus simpatías por el gobierno del entonces presidente Alfonsín y haber aceptado cobrar indemnizaciones por sus hijos desaparecidos. “Con vida se los llevaron, con vida los queremos” era una consigna que se mantuvo durante varios años. Bonafini decía que al aceptar las indemnizaciones se aceptaba que sus hijos estaban muertos, pero que no se podía dar por muerta a una persona sin que se entregaran sus restos a los familiares.
Tres años después (1989), ya bajo el gobierno de Menem, por diferencias entre Chicha Mariani, que entonces era la presidenta y Estela de Carlotto, su vicepresidenta, las Abuelas sufrieron una crisis interna que derivó en el alejamiento de varias de sus integrantes, entre ellas Elsa Pavón, Mirta Baravalle y la señora de Mariani , una de sus fundadoras y su primera presidenta.
La llegada de Néstor Kirchner al poder agudizó las diferencias que existían en los organismos porque algunos de ellos -como son los casos de Abuelas y Madres- se acercaron tan estrechamente al gobierno que el margen de independencia se fue reduciendo de tal modo que tanto Carlotto como Bonafini se involucraron abiertamente en el gobierno kirchnerista.
Pero no lo hicieron de manera personal sino que convirtieron a sus respectivas instituciones en un apéndice del gobierno y eso es lo que puso en juego uno de los valores más importantes que deben mantener los organismos de derechos humanos: su independencia frente al poder político.
Esto es fundamental habida cuenta que siempre es el Estado el que viola esos derechos y son los gobiernos los que deben responder por esas violaciones. Y es en ese marco cuando los organismos de derechos humanos vinculados al poder político afrontan una encrucijada que tiene sólo dos opciones: denunciar al propio gobierno al que están vinculados o mirar para otro lado.
El caso más emblemático es el del ahora renunciante jefe del Ejército, general César Milani, cuestionado y denunciado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Sin embargo, el gobierno lo elevó a la jefatura del Ejército y resistió durante mucho tiempo todos los embates sólidamente fundados hasta que el propio militar pidió el retiro “por razones personales” (sic).
Tanto Bonafini como Carlotto quedaron pegadas a la estrategia oficial y por eso han cargado sobre sus respectivas instituciones buena parte del costo político que ha pagado el gobierno por semejante torpeza.
La contracara de esa postura la dio Chicha Mariani, una mujer que se ha mantenido fiel a su coherencia sin abandonar la lucha por los derechos humanos.
“Mientras haya un solo desaparecido, ningún militar está libre del castigo que se merece por haber integrado aquel grupo de asesinos en la dictadura de nuestro país… es inexplicable que lo aceptaran Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, no me lo voy a explicar jamás… ahora renuncia y no sé qué va a pasar después, pero me indigna muchísimo” dijo Chicha en un una reciente entrevista.
Otra mujer que ha venido cuestionando insistentemente a Milani por la desaparición de su hijo Gustavo es Nora Cortiñas. Su intento de llevar a Milani a los tribunales para que responda por el destino de su hijo desaparecido hasta ahora no ha tenido éxito, pero ella ha dicho que no cesará en su objetivo de ver al militar en el banquillo frente a los jueces.
Se podrá decir, y con razón, que este gobierno ha producido sustantivos avances en materia de derechos humanos con la anulación de las leyes de impunidad y el impulso a los juicios por delitos de lesa humanidad.
Así como esa línea de acción mereció el aplauso de los organismos de derechos humanos, la presencia de Milani al frente del Ejército debió haber sido repudiada y resistida con la misma fuerza.
Sólo algunos de esos organismos fueron coherentes en ese sentido, como es el caso del CELS, cuya abundante información sobre el ahora retirado militar acompañó a sus reiterados cuestionamientos.
Justamente en la edición dominical de Página 12, Horacio Verbitsky, presidente del CELS, ofreció un informe que produce escozor sobre los antecedentes de Milani y sus vínculos durante la dictadura, a lo que se suman detalles sobre el inexplicable crecimiento patrimonial del militar.
Si esa información estaba en poder del gobierno, ¿por qué pusieron en manos de Milani la conducción del Ejército?
Las políticas de andar bien con Dios y con el diablo nunca han dado buenos resultados.
Hay que entender que los organismos de derechos humanos no pueden abandonar esa mirada crítica sobre el pasado y el presente en materia de derechos humanos ni comprometer su independencia frente al poder político de turno, cualquiera sea su línea de acción.
Se trata, en definitiva, de preservar dos de los principios fundamentales que son la razón misma de su existencia.