El verde oliva y la toga
Por Juan Carlos Martínez
El escandaloso operativo judicial que por estas horas se desarrolla en torno de las investigaciones que involucran al empresario periodístico Vicente Massot se acerca más a la ficción que a la realidad. Lamentablemente, no es ficción: es realidad pura.
Bahía Banca fue durante la dictadura la ciudad donde el terrorismo de Estado encontró todos los instrumentos para imponer el plan criminal. Todo estuvo al alcance de la mano de los ejecutores del genocidio: Ejército, Marina, Policía, Prefectura, Iglesia, Universidad, sindicalismo y medios de comunicación.
El aparato de difusión de la familia de Diana Massot jugó un rol más que importante en las acciones represivas manipulando la información, ocultando los hechos y desarrollando una prolija acción psicológica a través del diario La Nueva Provincia, la radio y el canal de televisión manejado por ese grupo.
Suficiente con acceder a los archivos del diario que ahora dirige Vicente Massot para confirmar todo lo que ha servido a los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia para sentar en el banquillo de los acusados a uno de los empresarios más estrechamente ligados a la dictadura.
Era previsible que las corporaciones empresarias -como ocurrió cuando fue procesado Carlos Blaquier, del ingenio Ledesma- reaccionaran y se lanzaran a la ofensiva en su propia defensa y en defensa de los cómplices de la dictadura.
Lo más sorprendente de todo es que después de más de tres décadas de democracia, cuando ya no hay nada que no se sepa sobre el terrorismo de Estado, aparezcan funcionarios judiciales como los que en Bahía Blanca están poniendo piedras en el camino.
No sólo para salvar a personajes como Vicente Massot sino para atacar a los fiscales que llevan adelante las causas por delitos de lesa humanidad -que no es poca cosa- y hasta amenazarlos con mandarlos a prisión bajo burdos fundamentos jurídicos que no resisten el menor análisis.
Es increíble que quienes están a la cabeza de esta absurda ofensiva sean funcionarios judiciales -como es el caso del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez- quien está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura justamente por obstaculizar investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca.
El propio Martínez es el que ahora declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 2013 designó como fiscales federales ad hoc a Palazzani y Nebbia.
La designación de los fiscales es constitucional y legítima. Lo paradójico es que un juez que no es juez nulifica a un fiscal que es fiscal. En el caso de Palazzani, el pampeano actúa como fiscal en varias causas que se ventilan en Comodoro Py, entre ellas una referida al robo de bebés durante la dictadura.
Sobre el mismo tema, el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad sostuvo: "Hay sectores del Poder Judicial de Bahía Blanca en los que se advierte una especie de confabulación, un alineamiento en contra de las causas por los crímenes de la dictadura y más aún cuando se trata de imputaciones a sectores civiles o grupos de poder económico. Por este camino inevitablemente vamos a pagar con moneda de impunidad".
En el marco de tantos absurdos jurídicos, lo único que faltaría es que el acusado Vicente Massot se convierta en juez y se haga cargo de su propia causa.
Será el momento de decir que la dictadura cambió el verde oliva por la toga.
Foto: Infojus Noticias