Entretelones sobre el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos
Por Juan Carlos Martínez
El traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos sigue produciendo cuestionamientos de parte de algunos sectores ligados a la defensa de los derechos humanos.
Hay entretelones que no todo el mundo conoce y que es oportuno incluir en el debate, aun cuando el gobierno nacional haya decidido concretar el traslado, tal como lo establece una ley que el Parlamento sancionó en 2009 por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde su creación por ley 23.511 impulsada por el presidente Raúl Alfonsín y sancionada por el Congreso de la Nación en 1987, el Banco ha funcionado en el Hospital Durand dotado de medios científicos que han permitido establecer el origen biológico de 116 de los centenares de niños apropiados –hoy personas adultas- durante de terrorismo de Estado.
También ha servido para determinar el origen biológico de aquellas personas que tenían dudas sobre sus identidades, independientemente de las circunstancias. Es decir, aquellos casos que no estaban incluidos entre las víctimas de la dictadura.
De esta manera, el Banco brindaba una prestación de carácter público, o sea, sin fines de lucro.
A partir del desmantelamiento del Durand y su traslado al edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sólo serán atendidos los casos de personas que hayan nacido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, es decir, los nacidos durante el período que el país estuvo bajo la dictadura.
Los que estén fuera de ese período, que son miles de personas, deberán acudir a laboratorios privados y afrontar de su peculio los gastos que se origen.
En síntesis, el Estado deja en manos privadas un servicio público invalorable, sobre todo para aquellas personas que carecen de medios para acudir a centros científicos privados.
En sintonía con los cuestionamientos que se plantean, se suman los antecedentes de los nuevos directores del Banco: Mariana Herrera Piñero y Walter Rubén Bozzo. Este último tiene su propio laboratorio de citogenética clínica conocido como Hereditas, en la ciudad de La Plata.
En cuanto a Herrera Piñero, la nueva directora del Banco, integra el directorio del laboratorio de Biología Molecular Diagnóstica y el de las empresas GENDA S.A. y MYGEN S.A.
La misma profesional participó en la redacción del reglamento del concurso que ganó para convertirse en la nueva directora del Banco Nacional de Datos Genéticos y representó a los laboratorios privados cuando se discutió en el parlamento la nueva ley 26.548.
Al margen de los aspectos legales que pudieran existir para impugnar la designación de ambos profesionales, hay cuestiones que tienen que ver con la ética y que, en estos casos, pareciera que han quedado fuera de toda consideración.
Como bien han dicho tres mujeres de conductas e historias irreprochables como Chicha Mariani, Mirta Baravalle y Elsa Pavón, “no entendemos por qué hoy quieren anular esos más de treinta años de trabajo y sacrificio. Es un lugar que debería ser respetado, resguardado, preservado de todo intento de hacerlo desaparecer”.
Y a modo de interrogante, agregan: “Nos resulta muy difícil entender si esta es una maniobra para finalizar con la búsqueda de niños, hoy adultos, o si se trata de una cuestión de intereses económicos y/o personales”.
Si, como sospechan estos símbolos de la lucha por los derechos humanos, detrás del desmantelamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos se esconde alguna maniobra inconfesable (intereses económicos y/o personales), estaríamos frente a hechos de extrema gravedad.
Los cuatrocientos o quinientos de aquellos niños apropiados –hoy hombres y mujeres de alrededor de cuarenta años- que aún permanecen con falsas identidades, continúan ligados a las familias que les cambiaron sus nombres y sus historias.
Familias de militares, policías, empresarios, eclesiásticos o jueces que se llevaron o entregaron a aquellas criaturas como botín de guerra, poderosas personas que siempre han mirado con recelo al Banco Nacional de Datos Genéticos porque allí está la verdad irrefutable que ellos quieren ocultar y, si les fuera posible, destruir.
¿Quién pude garantizar que esas familias no están detrás de tan perverso objetivo? ¿Quién puede garantizar que los nuevos directores sabrán separar lo público de lo privado? ¿Quién puede garantizar que no habrá cruces de información entre lo público y lo privado si las mismas personas están en ambos lados del mostrador? ¿Quién puede garantizar que no habrá alteraciones en la cadena de custodia de las muestras ahora en manos del gobierno de Macri?
Por lo demás, alguien debería explicar cómo se concilia la privatización de un servicio público tan importante para la sociedad con la prédica oficial que nos habla permanentemente del fortalecimiento del Estado.