El derecho a la identidad
Por Juan Carlos Martínez
El derecho a la identidad de las personas es un derecho fundamental. En la Argentina todavía estamos buscando a niños que fueron arrancados de su nicho natural por razones político-ideológicas durante el terrorismo de Estado. Los militares, los civiles y las instituciones católicas que participaron en semejante atrocidad se prestaron activamente para llevar adelante el plan sistemático del robo de bebés.
El fundamento básico lo dio públicamente el general Ramón Camps, uno de los genocidas más crueles que conoció este país durante los años de plomo. El carnicero de Buenos Aires como se le conocía por entonces, lo dijo con la frialdad propia de un ser desalmado: "Había que quitarles los hijos a los subversivos para que no los eduquen para la subversión".
La complicidad de médicos, enfermeros, jueces, funcionarios de registros civiles, periodistas, políticos, empresarios, curas, monjas y buena parte de la sociedad convirtió a centenares de niños en un botín de guerra, criaturas que se repartían como si se tratara de regalos del arbolito de Navidad.
Cuando las primeras abuelas - Chicha Mariani y Licha de la Cuadra- coincidieron en la búsqueda de sus nietos, todos los caminos para buscar a esos niños estaban cerrados. Un estruendoso silencio resonaba a sus oídos a modo de tortura. Todas las puertas que ellas golpeaban se entornaban. Pero nada ni nadie las contuvo. Primero fueron Abuelas Argentinas que Buscaban a sus Nietos. Fue Licha de la Cuadra la presidenta. Después nacieron las Abuelas de Plaza de Mayo. Eran doce las fundadoras. Chicha Mariani fue la primera presidenta.
Un gran dilema se presentaba para aquellas mujeres: la manera de identificar a los nietos en ausencia de sus padres. Por entonces, la identidad de un niño sólo podía lograrse con el cotejo de la sangre de sus progenitores. Un día, Chicha Mariani encontró en un diario un breve recuadro que despertó en ella una luz de esperanza. La información daba cuenta de investigaciones que la ciencia estaba realizando en el campo de la genética para avanzar en los métodos de identidad de las personas.
Allí comenzó para las Abuelas un largo peregrinaje en demanda de un método que les permitiera identificar a sus nietos en ausencia de sus padres. Fue Chicha Mariani la artífice principal que impulsó a los hombres de ciencia ahondar en sus investigaciones para lograr el tan anhelado objetivo.
Aquella empeñosa búsqueda dio sus frutos en 1981, cuando en la Sociedad para el Avance de las Ciencias de Nueva York se anunció el descubrimiento de un método por el cual podía identificarse a una persona aún en ausencia de sus padres. Las Abuelas fueron invitadas al anuncio y allí recibieron la noticia tan buscada, tan querida por ellas. Y en homenaje a su incansable búsqueda se le llamó Índice de Abuelidad.
EL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Una vez logrado el método que les permitiría identificar a sus nietos apropiados, las Abuelas impulsaron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos durante el primer gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín. Votada la ley por el Parlamento en mayo de 1987, el BNDG se instaló en el Hospital Durand -donde aún funciona- bajo la órbita del estado nacional.
La designación de los profesionales que iban a dirigir el banco estuvo rodeada de algunos matices que en aquel momento causaron mucha preocupación a las Abuelas. La propia Chicha Mariani lo recuerda y lo trae a la memoria justamente cuando el gobierno nacional avanza en el traslado del BNDG, una iniciativa que ha generado fuerte rechazo en sectores ligados a la defensa de los derechos humanos.
EL FALLIDO INTENTO DE RENÉ FAVALORO
Cuando se discutía la designación de los profesionales que iban a estar al frente del Banco, las Abuelas recibieron una noticia más que preocupante: uno de los dos genetistas propuestos por René Favaloro era el médico militar Luis Verruno quien había trabajado en el Hospital Militar Central durante la dictadura.
En la sala de maternidad de ese centro de salud pasaron varias jóvenes mujeres que desaparecieron luego de dar a luz a criaturas que fueron entregadas a sus apropiadores. El nombre de Verruno sonó como una bofetada en el rostro de las abuelas.
Chicha Mariani era presidenta y Estela de Carlotto vicepresidenta de Abuelas, cuya casa estaba entonces en la calle Montevideo entre Corrientes y Lavalle, a pocos metros del Teatro San Martín donde funcionaba la recientemente creada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
"No podíamos creer que Favaloro hiciera semejante propuesta y por eso informados del hecho a la comisión de la CONADEP que entonces era presidida por Ricardo Colombres", recuerda Chicha Mariani.
"Fuimos recibidas de inmediato por Colombres y otros integrantes de la comisión. Allí mismo el abogado Colombres pidió la inmediata presencia de Graciela Fernández Meijide, una de las secretarias del organismo. Quiero que se convoque de inmediato al doctor Favaloro, ordenó. Nosotras nos retiramos y poco después nos informaron que Favaloro había confirmado la veracidad de la propuesta, la que le fue rechazada. Creo que por esa razón poco después Favaloro renunció a la CONADEP".
PREOCUPACIÓN LATENTE
El proyecto oficial para trasladar el BNDG está generando fuerte resistencia en algunos sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, particularmente entre personas que aún no han logrado reconstruir su verdadera historia. Preocupación que no sólo involucra a quienes pueden ser hijos de desaparecidos durante la dictadura sino también a quienes sin haber sido apropiados nacieron en esos años y desconocen su origen biológico.
De acuerdo al cuestionado proyecto, el BNDG atenderá sólo los casos de personas nacidas entre 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Es decir, los que puedan haber sido víctimas del cambio de identidad durante el terrorismo de Estado. Los nacidos antes o después de esas fechas, para disipar sus dudas sobre su origen biológico tendrán que concurrir a laboratorios privados en demanda de las pruebas genéticas.
De esta manera, el Estado se desentenderá de miles de casos y dejará en manos de la actividad privada -eminentemente lucrativa- una obligación que le asiste para cumplir con derechos reconocidos en tratados internacionales sobre la identidad de las personas.
Del proyecto gubernamental determina que el BNDG debe ser trasladado del Hospital Durán a un organismo autónomo de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
A los documentos difundidos que se oponen a tan sensible modificación, se ha sumado en estos días una carta enviada a la presidenta de la Nación por la organización Human Rights Watch, firmada por José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo/ División de las Américas.
La carta, fechada en Washington el 6 de agosto de este año, expresa textualmente:
Excma. Presidenta de la República Argentina
Cristina Fernández de Kirchner
Buenos Aires - ARGENTINA
De mi mayor consideración:
Ante todo, quisiéramos expresar nuestra enorme satisfacción por la noticia de la identificación del nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La restitución de la identidad de los niños ilegítimamente apropiados durante la dictadura es aplaudida por la comunidad nacional e internacional, y este acontecimiento ha puesto en evidencia el reconocimiento a una lucha de décadas de mujeres que han dedicado su vida a la memoria y la justicia ante una de las peores formas de abuso cometidas durante la última dictadura militar argentina.
Precisamente por la trascendencia que tiene este tema en el país, y a la luz de la relevancia que su gobierno le ha otorgado a la protección del derecho a la identidad, tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de solicitar información relativa al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Esta carta se enmarca en las garantías establecidas en el Decreto 1172/2003 sobre el derecho de acceso a la información pública[1].
Como es de su conocimiento, el BNDG se creó en 1987 con el objeto de obtener, almacenar y analizar información genética, en particular para facilitar la identificación de hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar de 1976-1983[2]. El BNDG ha sido trascendental para vincular a más de 100 hijos -que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura tras la desaparición forzada de sus padres- con sus familias biológicas[3]. También ha permitido que otras personas identifiquen a familiares cuyo paradero se desconoció con posterioridad al período de la dictadura.
El BNDG ha sido clave para la reivindicación del derecho a la identidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que si bien el derecho a la identidad "no se encuentra expresamente contemplado en la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] [...] es posible determinarlo sobre la base de lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que tal derecho comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia"[4]. En este mismo sentido, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha manifestado que "el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana"[5].
En noviembre de 2009, el Congreso sancionó una ley que aprobó el traslado del BNDG, que actualmente opera en el Hospital Carlos A. Durand, a un "organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva" de la Nación[6]. Asimismo, la ley limitó el alcance del Banco solamente a aquellos casos de personas desaparecidas antes del 10 de diciembre de 1983, decisión acerca de la cual se lamentó el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en un informe reciente sobre Argentina[7].
Luego de que el Poder Ejecutivo adoptara finalmente una reglamentación para implementar la ley en enero de 2013, defensores de derechos humanos cuestionaron judicialmente la constitucionalidad de la ley y solicitaron una medida cautelar para suspender el traslado del Banco hasta que la justicia se pronunciara sobre el fondo del asunto. La justicia otorgó la medida cautelar en septiembre de 2013, pero la decisión fue revocada en noviembre[8]. Este último pronunciamiento fue ratificado por la justicia federal en junio de 2014[9]. A la fecha de esta carta, se encuentra pendiente de resolución un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dado que el traslado del Banco se presentaría ahora como un acontecimiento inminente, Human Rights Watch solicita respetuosamente a su gobierno que proporcione información detallada con respecto a cómo tiene previsto implementar sus políticas públicas sobre esta materia para asegurar que sean acordes con las normas de derechos humanos sobre derecho a la identidad.
Concretamente:
¿Qué mecanismos se adoptarán para garantizar el derecho a la identidad de personas cuyos familiares desaparecieron luego del 10 de diciembre de 1983? ¿Podría describir los planes anunciados por el gobierno de crear un laboratorio que se ocupe de casos de filiación?[10]
¿Qué medidas se adoptarán para asegurar que las muestras genéticas que se encuentran almacenadas actualmente en el BNDG no se deterioren durante el traspaso físico del Banco del Hospital Durand a su nueva sede?
¿Qué medidas se adoptarán para que la nueva sede esté adecuadamente equipada para garantizar la seguridad de las muestras genéticas y que su personal pueda desempeñarse eficazmente?
En la medida en que la nueva ley y su implementación modifiquen las condiciones en las cuales se proporcionó el consentimiento original, ¿qué acciones se realizarán para obtener el consentimiento de quienes han aportado material genético al BNDG en el pasado?
Agradezco de antemano la atención a este pedido de información. Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
Atentamente
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo / División de las Américas
Human Rights Watch
Perfil: defensa de los derechos humanos básicos
Seguidora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Human Rights Watch se opone a las violaciones de derechos humanos básicos, que incluyen la pena capital y la discriminación basada en la orientación sexual. Human Rights Watch defiende las libertades en relación con los derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de religión y de prensa.
Human Rights Watch produce informes de investigación sobre violaciones de normas internacionales de derechos humanos, obedeciendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a lo que percibe como otras normas de derechos humanos aceptadas internacionalmente. Estos informes son utilizados como base para denunciar ante la comunidad internacional los abusos y presionar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a efectuar reformas. Los investigadores realizan misiones para descubrir los hechos en situaciones sospechosas y generar cobertura periodística en la prensa local e internacional. En sus informes, Human Righs Watch ha abordado cuestiones como la discriminación social y de género, tortura, la utilización de niños por parte de ejércitos, corrupción política, abusos en los sistemas de justicia criminal, y la legalización del aborto. Human Rights Watch documenta e informa sobre violaciones a las leyes de la guerra y al derecho internacional humanitario.
Cada año, Human Rights Watch otorga el Premio a los Defensores de Derechos Humanos a activistas del mundo entero que demuestran liderazgo y valentía para defender los derechos humanos. Los galardonados trabajan con Human Rights Watch en investigar y exponer abusos a los derechos humanos.
Human Rights Watch fue una de seis ONG internacionales que fundaron la Coalición para erradicar el uso de niños soldados en 1988. También co-presidió la Campaña internacional para prohibir las minas terrestres, una coalición global de grupos de la sociedad civil que abogó exitosamente para introducir el Tratado de Ottawa, un tratado que prohíbe el uso de minas antipersonas.
Human Rights Watch es miembro fundador del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, una red global de organizaciones no gubernamentales que monitorea la censura alrededor del mundo.
Human Rights Watch cuenta con una planta laboral de 230 trabajadores pagados, y un presupuesto de más de US$30 millones de dólares al año.
El actual director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Roth, quien ha mantenido esta posición desde 1993. Roth es egresado de las universidades de Yale y Brown. Su padre huyó de la Alemania Nazi en 1938. Roth empezó a trabajar en derechos humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y posteriormente se involucró en asuntos en Haití.