Operativo impunidad
Por Juan Carlos Martínez
No decimos nada nuevo, pero es necesario repetirlo: están volviendo a la carga los sectores que quieren terminar con los juicios contra quienes han cometido delitos de lesa humanidad.
Las vías que están recorriendo se localizan, básicamente, en tres frentes. Uno, a través de las presiones y amenazas sobre jueces y fiscales.
Otro, con la ayuda de los medios de comunicación que están comprometidos con el ominoso pasado.
Y un tercero, con las trabas que se manifiestan desde el interior de los tribunales donde sobreviven no pocos resabios de la dictadura.
Un dato no menor ligado al tema: la reciente decisión de la Corte Suprema rechazando las denuncias contra miembros del Ejército que durante la guerra de Malvinas sometieron a torturas a sus propios soldados. Son delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben.
Las amenazas que acaba de denunciar el juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número uno de La Plata y la reciente agresión física que recibió el fiscal Pablo Pelazzo, en Jujuy, forman parte de un operativo tendiente a reinstalar en la Argentina la impunidad de los años noventa.
En el caso del juez Rozanski, sus sentencias no sólo han alcanzado al brazo ejecutor de los crímenes del Circuito Camps sino también a sus autores intelectuales como Jaime Smart, ex ministro de la dictadura, condenado a prisión perpetua.
La condena a Smart marca el camino que deben recorrer otros civiles cómplices de la dictadura como Carlos Blaquier, del ingenio Ledesma, cuyo procesamiento fue revocado por la Cámara Federal de Casación Penal.
No es casual que el operativo impunidad vaya creciendo a medida que se acercan las elecciones de octubre favorecido por el silencio o la ausencia de definiciones por parte de la mayoría de los presidenciables.
Como bien ha dicho el juez Rozanski , este proceso de memoria, verdad, justicia es una decisión irreversible de la inmensa mayoría de la sociedad argentina.