Un paso atrás

Por Juan Carlos Martínez

 

El ascenso del cuestionado general César Milani abre un interrogante en la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional.
Aunque todavía no ha habido un pronunciamiento judicial en torno de las denuncias, acusaciones y sospechas que pesan sobre la conducta de Milani durante el terrorismo de Estado, su designación como jefe del Ejército y la aprobación de su ascenso por parte del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo contradice la política asumida por el oficialismo desde la asunción de Néstor Kirchner.

La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país y el retiro de cuadros de genocidas fueron algo más que símbolos.
Constituyeron todo un pronunciamiento reconocido por los organismos de derechos humanos nacionales y por buena parte de la comunidad internacional.
Y se ofrecieron como ejemplos concretos de una decisión política tendiente a castigar los graves delitos de lesa humanidad cometidos por una de las más sangrientas dictaduras contemporáneas.
Si se pone en la balanza todo lo que se ha avanzado en el juzgamiento de los máximos responsables de ejecutar el genocidio (falta sentar en el banquillo a los civiles que lo pergeñaron, financiaron y apoyaron) el ascenso de Milani aparece como una nimiedad.
Pero estamos hablando del jefe de un Ejército que todavía tiene huellas de la sangre de miles de hombres y mujeres.
Un Ejército que debe acercarse a la concepción militar sanmartiniana y abandonar la mesiánica idea de estar por encima de la Constitución y de la voluntad soberana del pueblo para elegir a sus gobernantes.
Lo sensato de parte de Milani hubiese sido dar un paso al costado mientras se dilucida su actuación durante el terrorismo de Estado.
Le faltó grandeza.
Cuando Kirchner ordenó bajar cuadros de genocidas, la consigna agitada desde entonces fue NI UN PASO ATRÁS.
Por estas horas, la realidad lo está contradiciendo porque la designación de Milani significa UN PASO ATRÁS.
El costo político no lo pagará Milani.
Lo pagará el gobierno.

 

Milani, los buenos y los malos

El ascenso de César Milani a la máxima jerarquía del Ejército ha sido propicia para que algunos oportunistas ensayaran un discurso que contradice abiertamente sus reconocidas posturas sobre el sensible tema de los derechos humanos.
El debate producido en el Senado entre el oficialismo y la oposición puso al desnudo que no todos los que votaron a favor de Milani lo hicieron por estar convencidos de la impoluta historia que le atribuyen.
Tampoco todos los que le negaron el ascenso lo hicieron desde la firmeza de sus convicciones y mucho menos al amparo de sus comportamientos frente a la dictadura. Algunos de los que aprobaron el pliego de Milani han defendido las políticas oficiales de transitar los caminos de la verdad para alcanzar la justicia bajo el lema de NI UN PASO ATRÁS.
Eso se llama obediencia debida.
Del lado de los que acusaron al jefe militar por lo que hizo y dejó de hacer durante el terrorismo de Estado, estuvieron varios de los que miraban para otro lado mientras los Milani hacían inteligencia, secuestraban, torturaban, asesinaban y robaban niños.
En esa galería de oportunistas estaban los que avalaron o mantuvieron silencio frente a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el indulto a favor de los genocidas.
Y también estuvo el pampeano Carlos Verna, quien leyó un discurso cargado de ironías para justificar su voto contra el ascenso de Milani.
La intervención del Barba no alcanza para borrar de la memoria colectiva la protección que le brindó al policía Hugo Marenchino, condenado por delitos de lesa humanidad.
El represor era uno de sus punteros políticos que trabajaron para él repartiendo pensiones en Eduardo Castex.
Eso se llama hipocresía.
Más allá del recinto legislativo estallaron voces críticas por el ascenso de Milani, entre ellas la de medios de comunicación que en tiempos de la dictadura fueron cómplices de sus crímenes y socios en sus negocios.
El caso más emblemático es el de Clarín, cuya principal propietaria y directora lleva sobre sus espaldas el peso de graves delitos que bien pueden ser considerados de lesa humanidad.
El primero de ellos está referido a la apropiación de dos criaturas en 1976, en pleno desarrollo del plan sistemático del robo de bebés, una causa que permanece abierta y en curso de investigaciones hasta tanto se determine el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera.
No menos grave es el caso de Papel Prensa, una empresa que le fue arrancada a sus legítimos dueños bajo el inhumano método de la tortura en 1978.
La foto de Ernestina Herrera brindando con el genocida Videla es el testimonio irrefutable de los estrechos vínculos de poderosos grupos empresarios con la sangrienta dictadura.
Como diría un conocido de todos nosotros, la única verdad es la realidad.