De Milani a Blaquier
Por Juan Carlos Martínez
Los antecedentes del general César Milani no eran los mejores cuando el actual gobierno lo colocó al frente del Ejército. Estuvo involucrado en la desaparición del soldado Alberto Ledo ocurrida en junio de 1976. Hay pruebas muy sólidas de las cuales Milani no ha podido desprenderse. Lo menos que debió hacer -tal como lo ha pedido reiteradamente el CELS- era dar un paso al costado mientras el caso se ventilaba en los tribunales judiciales.
Los cuestionamientos a la permanencia de Milani como jefe del Ejército provienen, curiosamente, de sectores ideológicamente encontrados. En medio de esta insólita coincidencia surgen algunas contradicciones que es preciso desmenuzar.
Los sectores de derecha, entre cuyos principales voceros aparecen los grandes medios de comunicación, están usando el caso Milani no porque estén consustanciados con llevar a juicio a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad sino porque les sirve como arma de ataque en la pelea que tienen con el gobierno.
Por un lado piden la separación de Milani, pero por otro lado aplauden al juez que dictó la falta de mérito en la causa en la que está involucrado Vicente Massot y califican de persecuciones judiciales y políticas las imputaciones contra otros empresarios como Carlos Blaquier, propietario del ingenio Ledesma donde fueron secuestrados varios trabajadores con la activa complicidad de la empresa.
¿Es menos grave la desaparición de catorce trabajadores que la desaparición del soldado Ledo?
Otra paradoja se advierte en otros sectores que con sobrada razón reclaman la separación de Milani, pero poco y nada dicen sobre los operativos que la maquinaria judicial ha puesto en marcha para evitar que vayan al banquillo los empresarios que acompañaron a la dictadura.
A la falta de mérito por la que momentáneamente han zafado Massot y Blaquier se suma otra decisión judicial que ha impedido que Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre se presenten en tribunales para responder a las sólidas acusaciones que pesan sobre todos ellos por la forma en que se convirtieron en propietarios de Papel Prensa en sociedad con la sangrienta dictadura.
Aunque pocos lo recuerden, la pereza judicial incluye la causa que involucra a Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de dos menores de edad druante la dictadura. Celosa guardián de la larga siesta que duerme el expediente es -oh casualidad- la jueza Sandra Arroyo Salgado.
En todos estos casos se trata de delitos de lesa humanidad. Ni más ni menos.
Esta ola de impunidad que está saliendo de los tribunales responde a la nueva estrategia diseñada por los sectores comprometidos con el terrorismo de Estado. Como no tienen mayoría parlamentaria suficiente para legalizar una amnistía encubierta como las leyes de punto final y obediencia debida, recurren a la corporación judicial y de esa manera prolongan la impunidad confiados en que un eventual cambio de los vientos políticos hará lo que falta para dar vuelta la hoja.
En la Argentina se está librando una batalla entre dos frentes: justicia versus impunidad.