El Caso Noble Herrera y las corporaciones
Por Juan Carlos Martínez
El espíritu de cuerpo no es, como muchos suponen, privativo de instituciones formadas en comportamientos rígidos como las fuerzas militares y policiales. También se lo cultiva en otros sectores de la sociedad.
Los más débiles suelen unir sus debilidades para afrontar las embestidas de los poderosos, pero pocas veces logran salir de los encierros a los que son sometidos.
En cambio, los poderosos siempre tienen a mano las herramientas apropiadas para defender sus intereses cada vez que alguien intenta ingresar en sus territorios no con ánimo de ocupación sino con una simple mirada crítica.
En la Argentina -como ocurre en otras partes del mundo- las corporaciones que dominan el universo de los medios de información reaccionan en cadena cada vez que alguien no responde a sus intereses.
O cuando la defensa de esos intereses requiere difundir un discurso homogéneo que se repite automáticamente por radios, canales de televisión y medios gráficos.
El editorial que hoy (20/11/12) dedica La Nación al caso Noble Herrera se inscribe en ese acuerdo implícito que las corporaciones periodísticas echan a rodar cuando algo les molesta.
El comentario del diario de los Mitre es una suerte de misil disparado contra la jueza Sandra Arroyo Salgado porque la magistrada rechazó un pedido de los abogados de la dueña del Grupo Clarín para que cierre la causa de los hijos ilegalmente adoptados por la viuda de Noble durante la dictadura militar.
Los argumentos utilizados por La Nación son tan falaces como los que vienen repitiendo los defensores de la apropiadora desde que la causa llegó a los tribunales de San Isidro donde Ernestina Herrera inscribió a Marcela y Felipe cometiendo una serie de delitos probados por el entonces juez Roberto Marquevich.
Esos delitos consistieron en dar domicilios falsos, ofrecer testigos inexistentes y dar una versión novelesca sobre la forma en que aquellas dos criaturas llegaron a sus manos. Sean o no sean hijos de desaparecidos, la viuda de Noble no ha demostrado aún el origen biológico de aquellos dos niños, aunque ella misma admitió públicamente que podrían ser hijos de desaparecidos. (Clarín, 12 de enero de 2003).
Por esas gravísimas irregularidades es que Marquevich ordenó detener a la viuda de Noble a finales de 2002, pero el poder del Grupo Clarín pudo más que las leyes y en un abrir y cerrar de ojos el juez fue borrado de la judicatura.
Eduardo Padilla Fox, uno de los abogados de Ernestina, mantuvo por aquellos días un breve diálogo con la viuda de Noble.
“-Doctor, ¿usted está seguro que no pasaré la Nochebuena detenida?
-No señora, de ninguna manera. Nuestra gente ya habló con algunas personas vinculadas a la Cámara Federal de San Martín y nos dijeron que a Marquevich lo van a hacer mierda”.
(Del libro La Noble Ernestina, de Pablo Llonto).
Conrado Bergesio, el juez que reemplazó a Marquevich, debió ser separado de la causa porque en ocho años que la tuvo en sus manos no cumplió con los pasos que le marcaba la ley. Es decir, fue funcional a los intereses del Grupo Clarín y eso le valió para zafar de un merecido juicio político y disfrutar de una suculenta jubilación que viene a confirmar cuán lejos estamos para concretar en los hechos el sabio principio de igualdad del que nos habla nuestra Constitución.
En la defensa corporativa que La Nación ensaya omite esa parte de la historia, no dice que aún falta identificar a unos cuatrocientos chicos robados y agrega otras falacias: la de sostener que el caso conlleva un ataque a la libertad de prensa (al periodismo independiente dice el artículo) y carga sobre el gobierno nacional la responsabilidad de una investigación que iniciaron las Abuelas de Plaza de Mayo hace casi treinta años cuando los nombres de Néstor y Cristina Kirchner eran desconocidos en los organismos de derechos humanos.
No es extraño que La Nación defienda a la viuda de Noble (la apropiadora) en el caso de Marcela y Felipe. En 1988, cuando dos docentes de la Universidad de Stanford visitaron ese diario interesadas en saber qué había ocurrido con los niños que reclamaban las Abuelas de Plaza de Mayo, la respuesta que se les dio fue la siguiente:
“-Casi todos eran huérfanos, abandonados por sus padres guerrilleros. Las personas que se quedaron con ellos hicieron una buena cosa”.
(La Abuela de Hierro, 1995, páginas 184/185).