Abogados de la vida y abogados de la muerte
Por Juan Carlos Martínez / Foto: Cecilia Fernández
El terrorismo de Estado que aplicaron los militares en la Argentina, además de llevarse la vida de treinta mil personas, hizo trizas el estado de derecho y las libertades públicas.
En aquellos años de sangre y fuego, cuando los jueces de toga fueron reemplazados por los jueces de capucha, entre las víctimas hubo numerosos abogados defensores que desaparecieron junto con sus defendidos. Eran abogados de la vida.
A aquellos profesionales se les cargaba los presuntos delitos que se les atribuía a sus defendidos. La presunción de inocencia había sido reemplazada por la certeza de culpabilidad, el aberrante método que aplicaron contra miles y miles de hombres y mujeres.
Por eso es que la sentencia del tribunal que juzgó a las juntas de genocidas habló de la existencia de un PLAN CRIMINAL. O sea, que criminales fueron todos, los que apretaron el gatillo, los que arrojaron sus víctimas al mar desde los vuelos de la muerte, los que secuestraban, los que torturaban, los que confeccionaban listas negras y todos los que formaron parte de aquella maquinaria de horror, incluidos los que se apropiaron de los niños y niñas que nacieron en los campos de exterminio.
Luis Baraldini, por aquellos años oficial del Ejército, dirigió el aparato de terror que funcionó en La Pampa. Los hombres y mujeres que sobrevivieron a la cacería humana y que sufrieron cárcel, torturas, violaciones y la pérdida de sus derechos como ciudadanos, han dado testimonios coincidentes acerca de la participación de este monstruo en semejantes atrocidades. Un monstruo al que su abogado pretende convertir en un angelito.
Por lo demás, que un represor de la calaña de Baraldini –experto en fugas e intentos de golpes en Argentina y Bolivia- transite libremente por las calles y viaje sin custodia, es un hecho gravísimo que merece una explicación de parte de los jueces en cuyas manos está la causa en la que este genocida ha sido condenado en primera instancia por delitos de lesa humanidad.
Por si fuera poco, su abogado acaba de presentar una denuncia contra militantes de derechos humanos que lo repudiaron en la terminal de micros de Santa Rosa cuando el genocida descendía del autobús en el que viajó desde Buenos Aires, sin custodia.
La denuncia incluye el pedido de identidad de las personas que participaron en el escrache al que se califica como un acto de violencia. Nada menos.
Estimulado por los vientos de impunidad que vuelven a soplar en la Argentina, el abogado Omar Cayre pidió que se investigue a El Diario de La Pampa “como partícipe del accionar que denuncia”, y el mismo requerimiento incluye a directivos y periodistas de un programa emitido por Radio Kermés.
Y para completar la cruzada inquisidora del victimario sobre sus víctimas, se pide que se cite al periodista y escritor Juan Carlos Pumilla, uno de los ciudadanos pampeanos que sufrió la salvaje represión que dirigía Baraldini en los años de plomo, cuando la ley de la selva había reemplazado a la Constitución, los tratados internacionales y los derechos humanos.
La autoridad moral, ética y humana de Baraldini –omitida por su abogado- se encuentra en la causa que lo involucra por asociación ilícita, secuestro y torturas en 214 casos.
El pedido del abogado Cayre no es otra cosa que la exhumación de una de las aberrantes y habituales prácticas ejercidas durante la dictadura: la confección de listas negras preparadas por delatores profesionales para facilitar la inhumana faena de los grupos de tareas dedicados al secuestro y la desaparición de personas.
La sombra del buchón Carlos Aragonés vuelve a asomar en el horizonte junto al recuerdo del genocida Ramón Camps, destinatario de una lista de “zurdos y trapos rojos” que sirvió para la cacería humana de la que Baraldini fue uno de sus más activos verdugos.
Por suerte para el abogado Omar Cayre nadie le va a cargar sobre sus espaldas los múltiples delitos que acumula su defendido ni lo harán desaparecer como le ocurrió a aquellos abogados que defendían a las víctimas de la dictadura.
Eso sí, lo que no podrá evitar el defensor de Baraldini es su inclusión en la nómina de los abogados de la muerte.